El Congreso avanza con la regularización de armas de fuego
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que prorroga y amplía el programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego y municiones, y establece un nuevo esquema para regularizar la tenencia legítima en todo el país. La norma, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados en 2024, extiende la vigencia del plan de desarme civil hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 26 negativos. Fue respaldada por bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y la Neuquinidad, mientras que el interbloque peronista y Convicción Federal se pronunciaron en contra. Sólo el artículo que prorroga el plan de entrega voluntaria de armas fue votado por unanimidad.
Durante el debate, la presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, destacó que el programa de entrega voluntaria permite acercar armas de fuego de manera anónima, con un incentivo económico y sin sanciones para quienes entreguen armamento no registrado. “Con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad. Esa es una de las cuestiones más importantes del proyecto”, remarcó.
Cómo será el nuevo esquema de regularización
La ley incorpora un procedimiento específico para que quienes tienen armas de fuego en forma legítima puedan regularizar su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). El trámite, según se explicó en el recinto, apunta a ser ágil y sencillo, con la posibilidad de realizar la declaración de forma virtual para facilitar su alcance en todo el territorio nacional.
Uno de los puntos centrales establece que, si la persona renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos a su vencimiento, no deberá volver a acreditar la idoneidad en el manejo de armas ante la ANMaC. El objetivo es desburocratizar el proceso, sin resignar controles, y estimular que los usuarios mantengan su documentación al día.
Puntos clave de la nueva ley
- Se crea un procedimiento simplificado para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración que podrá hacerse de manera virtual.
- Quienes renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días anteriores al vencimiento quedarán exceptuados de volver a demostrar idoneidad ante la ANMaC.
- Se prorroga el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027.
- Las personas que posean armas no autorizadas podrán entregarlas en forma voluntaria y anónima para su destrucción, sin consecuencias legales.
- Se fija un plazo de 360 días para que quienes tengan armas no registradas se presenten ante la ANMaC a fin de regularizar su situación o entregarlas.
Para incentivar la entrega, la ANMaC continuará ofreciendo un beneficio económico, que se instrumenta a través de un cupón de pago canjeable por efectivo, lo que busca sacar de circulación armamento que hoy no cuenta con trazabilidad ni control.
Debate político y posiciones encontradas
Desde la oposición peronista, el senador Martín Soria cuestionó la política oficial en materia de armas de fuego. Señaló que, durante la actual gestión, las armas registradas ante el antiguo ReNAr aumentaron un 42%, la importación de armamento se triplicó respecto de 2023 y las tenencias autorizadas crecieron cerca de un 21%. “Es imposible entender estos datos sin marcar la responsabilidad política de este gobierno”, sostuvo.
En el cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la norma al remarcar que el plan de regularización apunta a “una lógica de responsabilidad” y a “una fuerte regularización de las armas a través de un sistema digital”. Según la funcionaria, muchas armas que hoy circulan sin registros son más peligrosas porque no existe trazabilidad sobre ellas.
“Con este plan de regularización de armas de fuego se busca una lógica de responsabilidad y una fuerte regularización a través de un sistema digital”, afirmó Patricia Bullrich en el recinto.
Con la sanción definitiva de esta ley, el Gobierno nacional apuesta a combinar dos herramientas: por un lado, la simplificación de los trámites para los legítimos usuarios, y por el otro, la continuidad de un programa de desarme civil que busca reducir la cantidad de armas en circulación y mejorar los controles sobre las que permanezcan registradas.
