Libertarios frenan la designación y reabren la disputa institucional
NewsITe
La nueva conducción libertaria de la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso dejó sin efecto el concurso público que el año pasado había consagrado a la abogada María Paz Bertero como futura defensora del Niño. La decisión, adoptada por la mayoría oficialista, ordena iniciar un nuevo proceso de selección y reaviva una dura disputa política e institucional entre La Libertad Avanza y la oposición peronista.
Bertero, especialista en temas de género y vinculada al espacio político del gobernador bonaerense Axel Kicillof, había sido aprobada en la Cámara de Diputados en octubre de 2025 con 156 votos afirmativos, 44 negativos y seis abstenciones. Junto a ella habían sido propuestos como defensores adjuntos Matías Robledo y Héctor Vito, con apoyo de Unión por la Patria, parte del radicalismo y otros bloques.
Sin embargo, tanto La Libertad Avanza como organizaciones civiles cuestionaron el concurso, denunciando presuntas irregularidades en los exámenes escritos, manipulación del orden de mérito y acuerdos políticos cerrados. Ante estas impugnaciones, el Senado demoró durante meses el tratamiento del pliego y el nombramiento quedó trabado.
El argumento oficialista: plazos vencidos y nuevo reglamento
Con la bicameral ya bajo control libertario, el vicepresidente de la comisión, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), sostuvo que los plazos legales para completar el concurso debían contarse como días corridos y que, bajo esa interpretación, el proceso habría caducado el 22 de marzo. “Entendemos que el plazo se venció el 22 de marzo y, en consecuencia, ha quedado sin efecto este concurso”, afirmó durante la reunión.
Mayoraz recordó que para la designación definitiva de la Defensoría se necesita el aval de ambas cámaras y subrayó que el Senado nunca llegó a votar el pliego de Bertero. En ese marco, planteó la necesidad de redactar un nuevo reglamento para la elección de la defensora o el defensor del Niño, al considerar que el esquema actual “no es bueno” y que debe garantizar mayor transparencia y acceso a los exámenes y sus puntajes.
La propuesta de anular el concurso y avanzar hacia un nuevo reglamento fue respaldada por la presidenta de la bicameral, Vilma Bedia (LLA), y por los legisladores oficialistas Carmen Álvarez Rivero, Soledad Mondaca y Santiago Santurio, además de Victoria Huala, del PRO. El dictamen logró la firma de la mayoría de los integrantes de la comisión.
Reacción opositora: denuncias de atropello y amenaza de judicialización
Desde Unión por la Patria, la respuesta fue inmediata. El jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, acusó al oficialismo de “truncar un proceso de selección que se realizó sujeto a derecho” y calificó la decisión como innecesaria y arbitraria. Además, denunció que el Gobierno tiene en la mira a la Defensoría y a las políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que –según advirtió– vienen siendo desfinanciadas en todo el país.
En el Senado, el jefe del interbloque Populares, José Mayans, fue más allá y advirtió que “por estos atropellos el Gobierno se cae a pedazos”. Si bien dijo que nadie busca “judicializar la política”, remarcó que frente a un “avasallamiento de tal envergadura” la oposición no ve otra salida que recurrir a la Justicia.
La discusión se enrareció aún más cuando las diputadas de Unión por la Patria Blanca Osuna y Juan Carlos Molina objetaron la designación de Mayoraz como vicepresidente primero de la bicameral. Argumentaron que, por la ley de proporcionalidad y la tradición parlamentaria desde 2017, la presidencia y la vicepresidencia de la comisión deben recaer en fuerzas políticas distintas, por lo que el segundo cargo le correspondería al peronismo.
Amparos, denuncias y una comisión en tensión
El senador pampeano Daniel Bensusán (Justicialista) anunció que acudirá a la Justicia para denunciar lo que considera una maniobra inconstitucional en la conformación de la bicameral, al no respetarse la “proporcionalidad” prevista en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Contó que junto a la senadora Anabel Fernández Sagasti presentaron un amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 6 para que se pronuncie sobre la legalidad de la composición actual.
“No avancemos hasta que la Justicia resuelva”, reclamó Bensusán, en referencia al plan oficialista de iniciar un nuevo concurso con la actual integración de la comisión. En sintonía, el senador Jorge Capitanich consideró que la decisión no solo interrumpe el proceso de selección en marcha, sino que además desconoce la voluntad expresa de una de las cámaras del Congreso.
Desde el oficialismo, el diputado Santiago Santurio (LLA) rechazó suspender la actividad de la bicameral por la mera presentación de una cautelar y advirtió que sería “un antecedente único” invalidar una reunión por esa razón. Sostuvo que el punto central del debate es la vigencia de los plazos del concurso y reiteró que, una vez vencidos, el procedimiento queda caduco.
Próximos pasos y funcionamiento de la Bicameral
Además de dar por concluido el concurso anterior, la bicameral avanzó en una segunda resolución que busca garantizar que los postulantes al cargo de defensor o defensora puedan acceder a sus exámenes y a los de los demás participantes, con el objetivo de cotejar resultados y puntajes. Mayoraz justificó la medida al señalar que el proceso del año pasado estuvo atravesado por “muchas impugnaciones y arbitrariedades” vinculadas a la transparencia de las evaluaciones.
Para ordenar el trabajo hacia adelante, la presidenta de la comisión, Vilma Bedia, propuso fijar los martes a las 14 como día y horario de reunión de la Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una moción que fue aprobada por los legisladores presentes. Mientras tanto, la oposición adelanta una batalla judicial y política para intentar revertir la caída del concurso y preservar la designación de Bertero, en un conflicto que vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el Gobierno nacional, el Congreso y los organismos de protección de derechos de la infancia.
“Tenemos que aprender de esa historia recorrida y llegar a un concurso donde lo podamos hacer mejor”, sostuvo el diputado libertario Nicolás Mayoraz al justificar la anulación del proceso anterior.
