Preocupación por un nuevo episodio contra la prensa en Chaco
NewsITe
La detención del periodista chaqueño Fernando Ojeda, ocurrida en Margarita Belén durante una actividad oficial del gobernador Leandro Zdero, reavivó el debate sobre los límites a la libertad de prensa y el uso de figuras contravencionales para restringir el trabajo periodístico en la Argentina.
Ojeda, integrante del medio TV Local, fue privado de su libertad durante unas siete horas luego de intentar realizarle una pregunta al mandatario provincial sobre las deficiencias en el suministro de agua potable en la zona. El episodio tuvo lugar en el Club San Martín, donde Zdero encabezaba una visita institucional. Registros de video muestran cómo el periodista se acerca al gobernador para consultarlo sobre la problemática, ante lo cual el funcionario evita responder y lo descalifica tildándolo de “militante kirchnerista”. Minutos más tarde, efectivos policiales concretan su detención.
La Policía del Chaco difundió un comunicado en el que justificó el procedimiento bajo la figura de “promover desorden” y encuadró la causa en el artículo 60 del Código de Faltas provincial. Según la versión oficial, Ojeda habría intentado “violar el perímetro de seguridad” dispuesto alrededor del gobernador y luego habría querido darse a la fuga, situación que originó su aprehensión.
Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, ofreció una explicación distinta en declaraciones públicas. Negó que la detención respondiera a motivos vinculados con la protección del gobernador o con la tarea periodística, y habló de un “entredicho” con insultos al personal de seguridad ubicado a unos cien metros del club. Romero también afirmó que no sabía que el detenido era periodista, lo que profundizó las dudas sobre la consistencia del relato oficial.
El rol de la Justicia y las críticas de organizaciones periodísticas
El juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, avaló la actuación policial y mantuvo a Ojeda tras las rejas hasta la una de la madrugada. En diálogo con el portal Litigio, el magistrado admitió que no tomó contacto personal con el comunicador ni verificó su estado de salud, y que su decisión se basó exclusivamente en el relato de la Policía. También dijo no tener constancia de que el hecho hubiese ocurrido durante una cobertura de prensa.
“Se comunican conmigo y me ponen en conocimiento de que aparentemente hubo un disturbio. El personal de seguridad intentó apartarlo y luego lo detuvieron”, explicó Pontón, quien finalmente ordenó la libertad de Ojeda al considerar que no existían elementos para dictar prisión preventiva.
El caso encendió alarmas en el ambiente periodístico del Nordeste argentino. Distintas voces advirtieron sobre el uso de artículos “comodín” del Código de Faltas y la creación de figuras difusas, como la “violación de perímetros de seguridad”, que en los hechos pueden convertirse en herramientas para limitar el acceso de la prensa a funcionarios y actos de gobierno. Especialistas en libertad de expresión recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las autoridades deben garantizar un entorno libre de hostigamiento para el ejercicio del periodismo.
Mientras se aguardan definiciones sobre el futuro de la causa contravencional, el episodio deja expuesto el delicado equilibrio entre la seguridad de los funcionarios y el derecho de la ciudadanía a recibir información mediante el trabajo de periodistas que preguntan, cuestionan y señalan las falencias de la gestión pública.
