La acusación busca revertir el beneficio otorgado por la Justicia rionegrina
La Fiscalía de San Carlos de Bariloche, encabezada por el fiscal Fernando Arrigo, apeló la prisión domiciliaria concedida al ciudadano ruso Rudnev Konstantin, señalado como líder de una presunta secta con fines de trata de personas que operaba en la ciudad rionegrina. El beneficio había sido otorgado por la Oficina Judicial de General Roca hace una semana, lo que generó fuertes cuestionamientos desde el Ministerio Público Fiscal.
La decisión cuestionada fue adoptada el 23 de abril por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano. En esa resolución se hizo lugar, de manera parcial, al planteo de la defensa y se autorizó que Konstantin cumpliera la prisión preventiva en un domicilio de la localidad bonaerense de San Vicente, bajo un régimen de arresto domiciliario.
Entre las condiciones fijadas se incluían el uso de tobillera electrónica, el pago de una caución de 30 millones de pesos, la prohibición de acercamiento a las presuntas víctimas y la necesidad de que la resolución quedara firme. Sin embargo, para la fiscalía estos requisitos no alcanzan para neutralizar los riesgos procesales que, a su entender, siguen vigentes.
En su impugnación, el Ministerio Público sostuvo que la resolución “no constituye una derivación razonada del ordenamiento adjetivo vigente” y que incurre en una “manifiesta arbitrariedad fáctica y normativa”. De acuerdo con el planteo acusatorio, los jueces realizaron una valoración “parcial, fragmentada y errónea” de los elementos de convicción que, originalmente, habían justificado la prisión preventiva en un establecimiento carcelario.
Cuestionamientos al fallo y antecedentes del imputado
La fiscalía también objetó el criterio de “proporcionalidad en el tiempo” aplicado por el tribunal, que ponderó que el imputado llevaba un año y algunos días de prisión preventiva. Para la acusación, el paso del tiempo no puede analizarse de manera automática, sino en relación con el estado de la causa, la complejidad de la investigación, la gravedad de los hechos atribuidos y la expectativa de pena en caso de condena.
Otro de los puntos controvertidos es que la prisión domiciliaria sería cumplida junto a una mujer que fue investigada en el expediente, aunque finalmente no fue imputada. A esto se suma que el domicilio propuesto se encuentra a más de 1.400 kilómetros de la sede del tribunal que interviene en el proceso, lo que, según la fiscalía, dificulta el control efectivo de la medida.
Respecto del monitoreo electrónico, el Ministerio Público advirtió que la tobillera solo permite verificar la presencia de la persona en el lugar fijado, pero no controla el tipo de contactos que pueda mantener con terceros ni previene la eventual comisión de nuevos delitos. En esa línea, insistió en la vigencia del peligro de fuga y recordó que Konstantin registra una condena previa en Rusia a 11 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, violencia sexual y delitos vinculados a estupefacientes.
Al mismo tiempo, se remarcó que, al momento de su detención en el aeropuerto de Bariloche, el ciudadano ruso se aprestaba a abandonar la ciudad y llegó a intentar autolesionarse con una hoja de afeitar, hechos que para la fiscalía refuerzan el riesgo procesal.
La respuesta de la defensa y el habeas corpus presentado
Mientras la apelación avanza en la Justicia rionegrina, la defensa de Rudnev Konstantin difundió un comunicado en el que confirmó la presentación de un habeas corpus correctivo. El planteo se originó en la demora en la implementación de la prisión domiciliaria ya concedida por el Tribunal de Revisión.
Según explicó el abogado defensor Martín Sarubbi, el imputado continúa alojado en la Unidad 6 de Rawson, en Chubut, pese a que existe una resolución firme que ordena el cambio de modalidad de detención. Para la defensa, la falta de ejecución del fallo configura un agravamiento ilegítimo de las condiciones de encierro.
- El Tribunal de Revisión dispuso la domiciliaria el 23 de abril.
- Más de una semana después, la medida aún no se había cumplido.
- La defensa atribuye la demora a la inacción del juez interviniente y de la oficina judicial.
“Ni el juez ni la oficina judicial dispusieron las medidas necesarias para concretar el traslado”, cuestionó la defensa en su presentación, señalando que esa omisión reviste relevancia jurídica y afecta derechos básicos del imputado.
Con la apelación de la fiscalía por un lado y el habeas corpus de la defensa por el otro, la situación procesal de Konstantin vuelve a quedar en manos de la Justicia rionegrina, que deberá definir si mantiene o revoca el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado al presunto líder de la secta.
