Convocatoria a constituyentes abre una fuerte disputa política
NewsITe
La decisión del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de convocar a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto de 2026 abrió una dura controversia política en la provincia, centrada en el costo del proceso y en la oportunidad de avanzar con una reforma parcial de la Constitución en medio de una profunda crisis económica y social.
La medida quedó plasmada en el Decreto Nº 0751/26, emitido al amparo de la Ley provincial Nº 1529, que dispone la elección de 15 convencionales —siete titulares y ocho suplentes— con el objetivo, según el propio mandatario, de dar “un nuevo impulso a la transformación”, reducir el gasto político y fortalecer las instituciones provinciales. Melella defendió públicamente la convocatoria a través de la red social X, donde insistió en que la reforma busca modernizar el andamiaje institucional fueguino.
Sin embargo, desde la oposición cuestionan con dureza tanto el contenido como el contexto elegido para impulsar el proceso. Legisladores y dirigentes de espacios como La Libertad Avanza y Somos Fueguinos, entre ellos Luciano Selzer y Jorge Lechman, califican la iniciativa de “inviable” al estimarse un costo fiscal superior a los 8.000 millones de pesos, en una provincia que arrastra déficit presupuestario, niveles de desempleo en alza y conflictos abiertos en áreas sensibles como la educación y la salud.
El malestar se profundiza por la situación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que enfrenta reclamos por prestaciones y demoras en los pagos, y por los reiterados paros docentes que afectaron el normal dictado de clases. En ese escenario, analistas locales señalan que destinar miles de millones a un proceso constituyente representa, como mínimo, una prioridad discutible frente a demandas sociales urgentes.
Debate legislativo y sospechas sobre la verdadera motivación
En paralelo a la convocatoria, la discusión llegó de lleno a la Legislatura provincial. Según pudo saber Noticias Argentinas, la Comisión de Legislación General emitió dictamen favorable a un proyecto que propone derogar la Ley 1529, base legal del llamado a reforma constitucional. Esa iniciativa tiene previsto ser tratada en el recinto el 30 de abril, en una sesión que se anticipa tensa y clave para el futuro institucional de la provincia.
Algunas voces opositoras interpretan el impulso a la reforma como parte de una presunta estrategia reeleccionista, hipótesis que el propio Melella salió a desmentir. Desde el oficialismo insisten en que la revisión parcial de la Carta Magna fueguina apunta, entre otros ejes, a ordenar el funcionamiento de los poderes del Estado, redefinir estructuras políticas y ajustar mecanismos de control, con el objetivo final de bajar costos y ganar eficiencia.
- El decreto 0751/26 convoca a elegir 15 convencionales constituyentes.
- El costo estimado del proceso supera los 8.000 millones de pesos.
- Hay un proyecto en la Legislatura para derogar la Ley 1529.
- La oposición denuncia “derroche” en medio de una de las peores crisis de las últimas décadas.
“Es un derroche y un capricho en uno de los momentos más críticos para la provincia”, señalan analistas y dirigentes opositores al cuestionar la convocatoria.
Mientras el Ejecutivo provincial ratifica la realización de los comicios para el 9 de agosto de 2026 y asegura que la convocatoria ya fue publicada oficialmente, el desenlace del debate dependerá en buena medida de lo que ocurra en la Legislatura. Entre advertencias por el impacto fiscal, acusaciones de oportunismo político y defensas en nombre de la institucionalidad, Tierra del Fuego se encamina a semanas decisivas para definir si avanza o no con una nueva reforma de su Constitución.
