Investigan la muerte de un joven detenido en una comisaría de Córdoba
NewsITe
La Justicia de Córdoba investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Tomás Orihuela, un joven de 19 años que fue detenido el sábado 25 de abril y que, pocas horas después, ingresó en coma a un hospital público, donde finalmente falleció. El caso reaviva el debate sobre el accionar policial y las condiciones de detención en comisarías de la provincia.
Según la versión oficial brindada por las autoridades de la Comisaría 6ª, el joven habría intentado quitarse la vida dentro de la celda, ahorcándose con un buzo. Producto de ese episodio, habría sufrido un edema cerebral que derivó en un cuadro irreversible. Tras dos días internado en grave estado en el Hospital Eva Perón, se confirmó su muerte este lunes.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó en declaraciones televisivas que el diagnóstico médico daba cuenta de un daño neurológico severo y que la hipótesis inicial apunta a un intento de suicidio. No obstante, remarcó que el caso quedó en manos de la Justicia provincial y del Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad para esclarecer cada detalle de lo sucedido en la seccional.
La familia de Orihuela, sin embargo, rechaza la versión de un suicidio y sostiene que el episodio podría estar vinculado a un accionar irregular por parte de los efectivos policiales involucrados en la detención y posterior custodia del joven. En ese contexto, trascendió que, al conocerse la noticia del fallecimiento, allegados del chico protagonizaron momentos de tensión y destrozos en el interior del Hospital Eva Perón.
Antecedentes del caso y medidas de investigación
Orihuela había estado detenido durante más de cuatro meses en la cárcel de Bouwer, acusado de integrar una banda dedicada al robo de teléfonos celulares en boliches, de acuerdo con información conocida por la Agencia Noticias Argentinas. Tras recuperar la libertad, volvió a ser aprehendido el último sábado, lo que derivó en los hechos que hoy son materia de investigación judicial.
Para avanzar en el esclarecimiento del caso, el Órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes que estaban de guardia en la comisaría al momento del supuesto intento de suicidio. Ese material será peritado para reconstruir comunicaciones, tiempos y posibles intercambios entre el personal policial antes y después del hecho.
- La causa quedó a cargo de la Justicia cordobesa, que deberá determinar si hubo responsabilidades penales por parte de funcionarios policiales.
- Organismos de control y derechos humanos siguen de cerca la investigación por posibles episodios de violencia institucional.
“Hay un joven muerto bajo custodia del Estado; es imprescindible una investigación rápida, seria e independiente”, señalan desde el entorno de la familia, que reclama transparencia en el proceso.
Mientras avanza la causa, el caso de Tomás Orihuela se suma a otros episodios que han puesto bajo la lupa el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en Córdoba. La resolución judicial será clave para determinar si se trató de un suicidio en contexto de encierro o si hubo responsabilidades estatales que ameriten sanciones y eventuales cambios en los protocolos de detención.
