La Casa Rosada da por hecho un fallo del máximo tribunal
NewsITe
El Gobierno nacional ya asume que el futuro de la reforma laboral aprobada en sesiones extraordinarias se resolverá en el máximo escalón del Poder Judicial. “La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, confió un alto funcionario del oficialismo, en medio de la intensa puja judicial impulsada por la CGT y otros sectores sindicales.
La norma, uno de los puntos más sensibles de la agenda de La Libertad Avanza, quedó en el centro de la escena luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara su legalidad y habilitara nuevamente su plena aplicación. Ese fallo revirtió la medida cautelar que había suspendido 82 artículos a pedido de la central obrera con sede sobre la calle Azopardo.
El expediente, caratulado «Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa», tuvo un giro clave cuando los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González modificaron el alcance de la apelación y se alinearon con la posición del Estado. Para el Gobierno, se trata de un respaldo institucional que anticipa el desenlace que esperan en la Corte Suprema.
En la Casa Rosada interpretan que la CGT no abandonará la vía judicial porque la consideran su principal herramienta para intentar frenar la reforma. Cerca del oficialismo sostienen, incluso, que el sindicalismo se encamina a una nueva derrota, esta vez en el máximo tribunal, que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.
La ofensiva judicial de la CGT y las recusaciones a los jueces
Frente al fallo de la Sala VIII, el movimiento obrero respondió con una fuerte contraofensiva: presentó la recusación de los dos camaristas que intervinieron y reclamó la “nulidad absoluta” de la resolución que reactivó la vigencia de la reforma laboral. Según la presentación, los magistrados habrían “prejuzgado” sobre el fondo del asunto al pronunciarse sobre derechos que son materia central de la cautelar original.
La CGT también avanzó de manera particular contra Pesino, a quien acusa de haber favorecido la posición del Estado nacional al tiempo que habría sido beneficiado por el propio Poder Ejecutivo con un pedido al Consejo de la Magistratura para continuar en el cargo más allá de los 75 años, límite fijado por la Constitución desde la reforma de 1994.
Para la dirigencia sindical, obtener una prórroga de cinco años en el ejercicio de la función judicial constituye “un beneficio a todas luces mayúsculo” y configura no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causal objetiva de apartamiento, de acuerdo con la legislación vigente. En ese marco, califican de “descalificable” la actuación del Estado al impulsar la continuidad de un juez que falló a su favor en una causa de alto impacto político y social.
Con este escenario, la disputa por la reforma laboral se encamina a un capítulo decisivo en la Corte Suprema, que deberá resolver no solo sobre la constitucionalidad de la norma, sino también sobre los cuestionamientos al accionar de los magistrados inferiores. Mientras tanto, Gobierno y sindicatos se preparan para un fallo que puede redefinir el equilibrio de fuerzas en el mundo del trabajo argentino.
