Avanza la causa por la peor crisis sanitaria del país

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Este lunes por la mañana continuará la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en el marco de la causa conocida como la del fentanilo contaminado, uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años por el altísimo número de víctimas fatales vinculadas al consumo del opioide adulterado.
La audiencia se reanuda luego de que el juez federal Ernesto Kreplak dispusiera un cuarto intermedio el pasado jueves, cuando la segunda indagatoria de García Furfaro se vio interrumpida tras unas tres horas por problemas de conexión en la videollamada realizada a través de la plataforma Zoom, según confirmaron fuentes judiciales.
En esta nueva ronda de preguntas, el empresario volvió a sostener la misma línea de defensa que había planteado en 2025: afirmó que lo ocurrido fue un atentado y que no tiene ninguna responsabilidad en la contaminación con bacterias de las ampollas que habrían provocado la tragedia. De acuerdo con lo trascendido, insistió en que los procesos de elaboración en sus laboratorios cumplieron con los protocolos establecidos.
La investigación busca determinar cómo se produjo la adulteración del fentanilo y quiénes intervinieron en la cadena de producción, distribución y control. En esta etapa, declararon catorce imputados que ya se encuentran procesados, lo que suma volumen a un expediente que crece a medida que se incorporan nuevas pruebas periciales y testimonios.
Nuevos casos y desafíos para la Justicia
La continuidad de la indagatoria de García Furfaro resulta clave para que el magistrado pueda integrar al expediente los nuevos casos confirmados tras los estudios técnicos y forenses. Las pericias vienen detectando más fallecimientos y cuadros graves asociados al fentanilo contaminado, lo que obliga a revisar responsabilidades penales y eventuales fallas de control estatal.
La causa es considerada por fuentes sanitarias y judiciales como una de las mayores tragedias de la salud pública argentina reciente, con más de 114 muertes atribuidas al consumo del opioide adulterado. El impacto del caso no sólo se mide en el número de víctimas, sino también en el fuerte cuestionamiento al sistema de regulación de medicamentos y al circuito de comercialización de sustancias controladas.
- Más de un centenar de fallecidos y numerosos afectados por intoxicación.
- Laboratorios y cadenas de distribución bajo la lupa de la Justicia federal.
- Pericias en curso para determinar el origen exacto de la contaminación.
La causa por el fentanilo contaminado es señalada en ámbitos judiciales como una de las investigaciones más complejas y sensibles de los últimos años, tanto por la cantidad de víctimas como por las posibles responsabilidades empresariales y estatales.
Se espera que, una vez concluida la testimonial de este lunes, el juez Kreplak cuente con más elementos para definir los próximos pasos del expediente: nuevas imputaciones, eventuales pedidos de prisión preventiva o la ampliación de los procesamientos ya dictados. Mientras tanto, familiares de las víctimas y organizaciones de pacientes reclaman celeridad y transparencia en una investigación que expone con crudeza las debilidades del sistema de control de medicamentos en la Argentina.

