El organismo cuestionó el proyecto nacional y señaló que podría afectar el financiamiento, el enfoque comunitario y el acceso a tratamientos.
El Centro Provincial de Atención de la Salud Mental (CPA) de Ramallo expresó su preocupación ante el proyecto impulsado a nivel nacional que propone modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, al considerar que podría implicar un retroceso en derechos y en el modelo de atención vigente.
A través de un comunicado institucional, el organismo local advirtió que la iniciativa en discusión introduce cambios que afectarían tanto el financiamiento como el enfoque con el que se abordan las problemáticas de salud mental. En ese sentido, señalaron que uno de los puntos más sensibles está vinculado a la posible reducción o eliminación de partidas presupuestarias destinadas al trabajo territorial y comunitario.
Desde el CPA remarcaron que estos recursos resultan fundamentales para sostener dispositivos de atención cercanos a la comunidad, que permiten acompañar a las personas en sus contextos cotidianos. “Esto podría impactar directamente en el acceso a tratamientos y en la continuidad de espacios de atención que hoy funcionan a nivel local”, indicaron.
Otro de los ejes de preocupación tiene que ver con el cambio de paradigma que, según advierten, podría implicar la reforma. La normativa vigente se basa en una perspectiva integral que contempla no solo aspectos médicos, sino también factores sociales, culturales y vinculares. Sin embargo, desde el organismo señalaron que el nuevo proyecto tendería a restringir ese enfoque, reduciendo las problemáticas a diagnósticos clínicos.
“Se corre el riesgo de volver a una mirada exclusivamente médica, dejando de lado el abordaje interdisciplinario que se viene construyendo desde hace años”, expresaron. En esa línea, destacaron que el modelo actual promueve la inclusión, el respeto por los derechos humanos y la integración de las personas en su entorno social.
Asimismo, el CPA alertó sobre la posibilidad de que se habiliten prácticas asociadas a la institucionalización prolongada, un esquema que ha sido ampliamente cuestionado en el campo de la salud mental. Según sostienen, este tipo de dispositivos, como los antiguos manicomios, han demostrado efectos negativos al aislar a las personas de sus vínculos y limitar su autonomía.
“La ley vigente vino a reemplazar ese modelo por uno centrado en la comunidad. Retroceder en ese camino sería preocupante”, señalaron desde la institución.
En este contexto, el organismo local convocó a la comunidad a informarse sobre el alcance de las modificaciones propuestas y a participar del debate público. Además, enfatizó la necesidad de defender la legislación actual y garantizar su plena implementación, algo que consideran clave para sostener los avances logrados en materia de derechos.
La postura del CPA de Ramallo se suma a otras expresiones que comenzaron a surgir en distintos puntos del país, donde profesionales, instituciones y organizaciones advierten sobre el impacto que podrían tener estos cambios en el sistema de salud mental.
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