La OA modifica plazos en medio de cuestionamientos a Adorni
NewsITe
La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió extender del 31 de mayo al 31 de julio el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos nacionales. La decisión se tomó a través de la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, y llega en un contexto de fuerte exposición política por las denuncias que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y la compra de inmuebles que no habrían sido declarados.
La titular de la OA, Gabriela Carmen Zangaro, fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los plazos de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) previstos en la Ley 25.188. El objetivo, según se explica en la resolución, es otorgar a los funcionarios “un plazo factible para completar la información” antes del vencimiento, en línea con las fechas fijadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
ARCA, organismo que sucedió a la AFIP en materia de recaudación y control aduanero, estableció que las declaraciones fiscales anuales —tanto del impuesto a las Ganancias como de Bienes Personales— vencen durante la primera quincena de junio. Sobre esa base, la OA definió una fecha posterior para la DJPI, a fin de permitir que los datos patrimoniales se integren con la información impositiva ya presentada.
Alcance de la obligación y momentos de presentación
Desde la OA recordaron que la DJPI debe presentarse en tres instancias clave de la vida funcional de cada agente público:
- Al inicio de la función pública (alta): cuando el funcionario asume el cargo.
- De manera anual (actualización): para reflejar cambios patrimoniales y de ingresos.
- Al cese en el cargo (baja): para comparar la situación patrimonial de salida con la de ingreso.
Estas obligaciones alcanzan a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, magistrados, directores de organismos descentralizados y otros cargos que manejan fondos o decisiones sensibles para el Estado. El sistema de declaraciones juradas es una de las herramientas centrales de control y transparencia en materia de corrupción pública.
El contexto: denuncias y archivo de una causa contra Adorni
La prórroga de los plazos se conoce mientras Adorni es objeto de cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestas compras de inmuebles no incluidos en sus declaraciones juradas. Distintas presentaciones judiciales apuntan a que el patrimonio del funcionario habría crecido de manera injustificada en los últimos años, extremo que deberá ser analizado en sede judicial y por los organismos de control competentes.
En paralelo, uno de los expedientes que lo tenían en la mira fue archivado. Se trata de la causa abierta por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, como parte de la comitiva presidencial durante la denominada “Argentina Week”. El juez federal Daniel Rafecas dispuso su cierre tras un dictamen favorable de la fiscal Alejandra Mangano.
La resolución judicial sostuvo que el traslado de la esposa del funcionario no generó gastos adicionales para el Estado ni configuró una irregularidad, debido a que había plazas disponibles en la aeronave oficial y los costos del viaje no se vieron incrementados.
Con la nueva fecha límite del 31 de julio, la OA busca sincronizar los plazos administrativos con el calendario fiscal y, al mismo tiempo, enviar una señal de continuidad institucional en materia de control patrimonial, en un momento en el que el escrutinio público sobre la transparencia de los funcionarios nacionales se encuentra especialmente agudizado.
