El Gobierno cuestiona el impacto presupuestario de la cautelar
NewsITe
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmó que apelará la medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana que ordenó restablecer el pago del programa Volver al Trabajo para casi un millón de personas. La cartera nacional sostuvo que el plan ya había concluido su plazo legal de vigencia y advirtió por el fuerte impacto fiscal de la resolución judicial.
La causa se originó a partir del pedido de cinco beneficiarios que recurrieron a la Justicia para frenar la finalización del programa. El juzgado federal hizo lugar al planteo y dispuso que se reanude el pago de las prestaciones para todos los inscriptos, decisión que ahora será objetada por el Gobierno nacional a través de una apelación.
En un comunicado oficial, Capital Humano remarcó que el programa Volver al Trabajo “finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación”. Según explicaron, a partir de ese vencimiento se impulsó una “amplia y masiva convocatoria” a los beneficiarios para ofrecerles vouchers de capacitación laboral orientados a la formación profesional y a una salida más rápida hacia el empleo formal registrado.
Desde el ministerio señalaron que la cautelar implica “graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial”, ya que obliga a destinar nuevamente fondos a un plan que consideran concluido. En ese sentido, advirtieron que, de mantenerse el fallo, quedarán comprometidas dos políticas consideradas prioritarias por la gestión actual.
Advertencia oficial sobre el impacto en otras políticas públicas
Capital Humano detalló que la restitución del pago a casi un millón de beneficiarios afectaría la puesta en marcha de los vouchers de formación laboral y la implementación de la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país. Ambos programas habían sido presentados como ejes centrales de la reorientación del gasto social hacia la capacitación y la educación.
La apelación del Gobierno abrirá ahora una nueva instancia judicial, en la que se discutirá si el Estado puede dar por finalizado un programa social una vez vencido su plazo legal, o si debe garantizar la continuidad del beneficio mientras no exista una alternativa plenamente operativa. El fallo de segunda instancia será clave para definir el alcance de la política social en este segmento de la población.
- El programa Volver al Trabajo se dio por concluido tras dos años de vigencia.
- Una cautelar ordenó reestablecer pagos para casi un millón de beneficiarios.
- El Gobierno sostiene que la medida afecta el presupuesto y nuevas políticas.
- Se anuncian posibles demoras en vouchers laborales y doble escolaridad.
“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas”, advirtió el comunicado oficial de Capital Humano.
Mientras tanto, organizaciones sociales y beneficiarios del programa siguen con atención la disputa judicial, atentos a cómo impactará en la continuidad de los ingresos que recibían y en la implementación de las nuevas herramientas de formación y acompañamiento laboral que el Gobierno promete desplegar.
