La eliminación del nomenclador único que universaliza las prestaciones y la suspensión o el paso a pensiones que impiden trabajar al mismo tiempo, se encuentran entre los puntos más cuestionados. “De aprobarse, nos afectará a todos, a prestadores y familias, sólo son trabas y retrocesos”, expresaron a EL NORTE los profesionales locales. “Las modificaciones propuestas generan incertidumbre y podrían profundizar el deterioro del sistema, impactando en la calidad, accesibilidad y continuidad de los servicios para las personas con discapacidad”, alertaron desde Cooperanza.
De la Redacción de EL NORTE
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Distintas organizaciones de nuestra ciudad se manifestaron en alerta y con suma preocupación ante el nuevo proyecto de ley de discapacidad presentado por el Gobierno nacional. “Implica un retroceso en los derechos, habrá más restricciones”, notaron en diálogo con EL NORTE y advirtieron punto por punto las consecuencias que tendría si se obtiene su aprobación en el Congreso. En la jornada de hoy, prestadores de todo el país pararon -también algunos a nivel local- y se movilizaron hacia el Ministerio de Salud en rechazo de la propuesta denominada oficialmente `contra el fraude de las pensiones por invalidez` que tiene un amplio alcance, y en reclamo de la actualización urgente de aranceles, pagos mensuales regulares y cancelación de la deuda. En San Nicolás hay expedidos alrededor de 6.000 Certificados Únicos de Discapacidad, aunque la cifra de personas que incluye el colectivo es mayor y sin estadísticas federales fehacientes en materia del espectro autista.
El Comité de Emergencia en Discapacidad de San Nicolás detalló que esta iniciativa propone: derogar la pensión por discapacidad para volver a la pensión por invalidez lo que la convierte en incompatible con el trabajo registrado. Al mismo tiempo, la pensión se podrá suspender `provisoriamente´ por el cruce de datos o falta de actualización. Apunta a eliminar el nomenclador único, con lo cual cada obra social y prepaga hará acuerdos privados con los prestadores. Así, se incumpliría con los aranceles establecidos por la ley vigente. La compensación de emergencia sería automáticamente descontada de deudas con el estado nacional.
“De aprobarse esta ley, nos va a afectar a todos, ninguno de sus artículos es favorable para el sector, sólo son trabas e imponen retrocesos. Es muy lamentable”, expresaron los profesionales locales que prestan atención en terapias. Al mismo tiempo, las familias comparten la incertidumbre de no saber qué pasará con el acceso a distintas prestaciones que requieren sus hijos.
Por su parte, la especialista en Gestión de Servicios para la Discapacidad y directora Ejecutiva de Cooperanza María Florencia Moliterno destacó a este medio que este nuevo proyecto de ley del Gobierno nacional se da “en un contexto marcado por el incumplimiento en la aplicación de la Ley de Emergencia vigente pese a haber sido ratificada por la Justicia, en un escenario de crisis institucional en el área y tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad”. “Entre sus principales medidas, se destaca la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N.º 27.793), así como la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todas las personas titulares de pensiones. Este proceso exigirá la reacreditación de condiciones médicas y socioeconómicas, bajo apercibimiento de suspensión automática y eventual pérdida del beneficio en caso de incumplimiento. Asimismo, se establece un sistema de fiscalización con cruce de datos entre organismos públicos, que habilita suspensiones preventivas ante inconsistencias detectadas. En materia económica, el proyecto fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina adicionales vinculados a situaciones de mayor vulnerabilidad”, precisó.
Menos inclusión y más desregulación
“Otro aspecto crítico es la incompatibilidad entre empleo formal y pensión, lo que limita las posibilidades de inclusión laboral de las personas con discapacidad. En la misma línea, se eliminan incentivos y programas destinados a promover la contratación, debilitando políticas que fomentaban la integración en el mercado de trabajo”, sumó.
Moliterno notó en relación con los prestadores de servicios, que el proyecto introduce cambios sustanciales en el financiamiento y la organización del sistema. “Se elimina el esquema de aranceles homogéneos —garantía de un piso mínimo de calidad— y se avanza hacia una desregulación que deja la negociación en manos de cada obra social o prepaga. Esto implica, en la práctica, la desaparición del nomenclador nacional como referencia, generando una fuerte incertidumbre en la sostenibilidad del sector. Además, se suprimen mecanismos de actualización automática de aranceles, otorgando mayor discrecionalidad en la asignación de recursos. Esta situación resulta especialmente preocupante cuando los prestadores enfrentan demoras en los pagos que superan los 180 días, aranceles desactualizados frente a la inflación y serias dificultades para garantizar la continuidad de las prestaciones”, especificó.
Deterioro del sistema
“En este escenario, las modificaciones propuestas no solo generan incertidumbre, sino que podrían profundizar el deterioro del sistema, impactando directamente en la calidad, accesibilidad y continuidad de los servicios para las personas con discapacidad. Cabe señalar que la normativa vigente había ampliado el acceso a derechos desde un enfoque más inclusivo de la discapacidad. El nuevo proyecto, por el contrario, restringe ese paradigma, retoma criterios más limitados y refuerza controles que pueden derivar en la pérdida de beneficios. El esquema de actualización de pensiones y prestaciones planteado no garantiza, según advierte el sector, una adecuación real frente al proceso inflacionario. Frente a este contexto, resulta imprescindible priorizar la plena implementación de la normativa vigente, garantizar condiciones de financiamiento adecuadas y sostener un enfoque basado en derechos, que promueva la inclusión, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad”, advirtió la directora Ejecutiva de Cooperanza.
Consultado por EL NORTE sobre la situación del sector, el presidente del Foro Permanente de Discapacidad, Pablo Molero, evaluó: “El proyecto se plantea desde el fraude sin precisiones. ¿Cuál es el fraude? Las pensiones están por ley, hay organismos, aranceles únicos establecidos. La auditoría que se hizo fue muy cuestionada y suspendida. No justifico pensiones mal dadas. Por otro lado, se pretende dar de baja la pensión actual. Se dejaría pensiones por invalidez incompatibles con el trabajo, en desprotección social a personas que con su discapacidad se encuentran en situación de pobreza, y que son muchas. ¿Bajo qué criterios se haría un reempadronamiento? Tampoco nunca se hizo un estudio de costos, que están desactualizados. El aumento que se debería dar es muy significativo. ¿Quién va a poner el orden en los acuerdos privados o por provincias que se proponen? No se podrá garantizar la universalidad de atención ni las prestaciones básicas. La reinterpretación que hace el Estado de lo existente no es correcta. De aprobarse el proyecto, habrá una marcha atrás en lo que las personas con discapacidad han logrado. Hay que luchar nuevamente”.
