Investigan coimas millonarias en el sistema de importaciones SIRA

Avanza la causa por presuntas coimas en el sistema SIRA

Investigación judicial por presuntas coimas en el sistema SIRA

NewsITe

La Justicia federal investiga una presunta red de coimas vinculada al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el mecanismo que entre 2022 y 2023 reguló el acceso de empresarios al dólar oficial durante el final del gobierno de Alberto Fernández. La causa, instruida por el juez Ariel Lijo y encabezada por el fiscal Franco Picardi, apunta a maniobras que habrían permitido a un grupo de empresas obtener autorizaciones de importación a cambio de pagos ilegales.

De acuerdo con fuentes judiciales, al menos cuatro empresarios están bajo la lupa por presuntamente abonar comisiones de entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones para conseguir la aprobación de sus solicitudes en el SIRA y así acceder a un tipo de cambio oficial mucho más bajo que el vigente en el mercado paralelo. El volumen de las transacciones investigadas superaría los 3,5 millones de dólares.

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La investigación ya derivó en la imputación de varios operadores financieros y de cinco funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismo que supervisaba el funcionamiento del sistema. Entre los señalados figuran los funcionarios del BCRA Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, junto con dueños y responsables de casas de cambio y agencias financieras como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

Qué era el SIRA y cómo operaba el esquema investigado

El SIRA fue implementado en octubre de 2022 como una herramienta electrónica para autorizar y controlar importaciones, en un contexto de fuerte escasez de divisas. En la práctica, funcionaba como un filtro administrativo: las empresas debían inscribirse y esperar la aprobación oficial para registrar sus operaciones comerciales y acceder al mercado de cambios regulado por el Banco Central.

En ese período, la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas llegó a rondar el 100%. Por eso, conseguir la luz verde del SIRA significaba para los importadores un beneficio económico inmediato, ya que podían ingresar mercadería pagando sus compras al tipo de cambio oficial y luego fijar precios en el mercado interno con un margen considerable. Según la hipótesis fiscal, ese diferencial habría sido aprovechado por algunos operadores para pactar retornos ilegales.

Medidas judiciales y próximos pasos en la causa

  • Pedido de informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central para reconstruir la trazabilidad de las operaciones.
  • Levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas presuntamente vinculadas al circuito investigado.
  • Realización de alrededor de 30 allanamientos en domicilios particulares, oficinas y firmas vinculadas a las operaciones bajo sospecha.
  • Secuestro de teléfonos celulares, documentación y otros soportes electrónicos aportados por imputados y testigos.

La pesquisa se concentra en determinar si existió un sistema paralelo de cobro de coimas para acelerar o garantizar la aprobación de importaciones a valor del dólar oficial, en perjuicio del Estado y de otros operadores que cumplían con los requisitos formales.

El SIRA fue dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023, en el marco de un cambio de esquema en el comercio exterior y la administración de divisas. Sin embargo, la investigación judicial sobre su funcionamiento promete extenderse en el tiempo y podría derivar en nuevas imputaciones, tanto en el ámbito público como privado, a medida que se analicen los movimientos financieros y la documentación secuestrada.

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