La SIGEN impulsa un estándar de buen gobierno corporativo
NewsITe
El Poder Ejecutivo nacional oficializó un nuevo Modelo de Código de Gobierno Societario para las empresas públicas, elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), con el propósito de elevar los estándares de gestión, transparencia y rendición de cuentas en las sociedades donde el Estado tiene participación decisiva.
La medida quedó plasmada en la Resolución 131/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se presenta como un marco de referencia común para homogeneizar criterios de ética, integridad y sostenibilidad en el manejo de los recursos públicos. El nuevo esquema reemplaza disposiciones dictadas en 2022 y busca alinearse con las buenas prácticas de gobierno corporativo recomendadas por organismos internacionales de crédito y cooperación.
Desde la SIGEN aclararon que el modelo tiene carácter orientador: no sustituye las obligaciones legales y reglamentarias vigentes, sino que ofrece una guía para que cada empresa redacte su propio Código de Buen Gobierno Corporativo, ajustado a su escala, estructura y nivel de complejidad operativa. De este modo, se promueve la adopción de reglas claras y previsibles para la toma de decisiones y el control interno.
Alcance, obligaciones y excepciones previstas
La resolución resulta de aplicación obligatoria para un amplio universo de organizaciones: Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y otras entidades en las que el sector público tenga la capacidad de definir las decisiones societarias. Todas ellas deberán avanzar en la implementación de un código propio basado en el modelo aprobado.
El texto establece que estos códigos deberán contemplar, como mínimo, ejes vinculados con:
- El compromiso de las autoridades y la alta conducción con la aplicación efectiva del código.
- El fortalecimiento del ambiente de control y los mecanismos de auditoría interna.
- La promoción de la ética, la integridad y el cumplimiento normativo.
- La transparencia en la gestión y en el acceso a la información relevante.
- La incorporación de criterios de sostenibilidad y de responsabilidad con el interés público.
No obstante, la norma prevé algunas exclusiones para evitar superposiciones regulatorias. Quedan fuera de su alcance las empresas y sociedades con oferta pública de valores negociables que ya se rigen por la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, las entidades financieras fiscalizadas por el Banco Central y las compañías de seguros bajo el control de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Según la SIGEN, el modelo se apoya en “principios, recomendaciones y directrices mínimas diseñados para mejorar la gestión y la transparencia de las sociedades, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la generación de valor para la sociedad”.
Con esta iniciativa, el Gobierno apunta a consolidar un marco más exigente y consistente de gobernanza en las empresas públicas, en línea con los estándares internacionales, y a reforzar la confianza ciudadana en el uso eficiente y responsable de los recursos del Estado.
