El Gobierno apura el dictamen para “barrer” normas consideradas obsoletas
NewsITe
En un plenario de comisiones marcado por la celeridad y las quejas de la oposición por la falta de debate, el oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría para la denominada ley “Hojarasca”. El proyecto, elaborado por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca derogar decenas de normas y regulaciones que el Gobierno considera anacrónicas y burocráticas.
La iniciativa apunta a depurar el extenso digesto normativo argentino, vigente desde 1864, y constituye el segundo intento de la gestión de Javier Milei, luego de que una versión presentada en 2024 perdiera estado parlamentario. Con el dictamen firmado, la intención del oficialismo es llevar la discusión al recinto a comienzos de mayo, tras la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para el 29 de abril.
Durante la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, detalló que las normas alcanzadas se agrupan en seis grandes bloques: desde leyes cuyo objeto ya se cumplió hasta regulaciones que, según el Gobierno, limitan la libertad individual, imponen trámites inútiles o quedaron desfasadas por cambios tecnológicos, sociales, económicos o por nuevas leyes. También se incluyen disposiciones que afectan a organismos que ya no existen y estructuras estatales con financiamiento público que habrían perdido sentido.
El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió el proyecto al señalar que el objetivo central es el “ordenamiento normativo”. Planteó que, del mismo modo que la Argentina arrastra un problema histórico de inflación monetaria, también sufre una “inflación normativa”: sumando leyes, decretos y resoluciones se superarían, según sus cálculos, el millón de normas vigentes. Ese exceso, advirtió, implica costos para la ciudadanía y para la propia administración pública, que debe lidiar con marcos legales superpuestos y en muchos casos inaplicables.
Críticas por el alcance de las derogaciones y la falta de discusión
Desde la oposición cuestionaron no solo la rapidez del trámite, sino también el contenido de la iniciativa. El diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano consideró “extraño” que, en el contexto económico y social actual, el Congreso dedique una discusión exprés a la llamada ley Hojarasca. Si bien admitió que existen normas efectivamente anacrónicas, como la ley de azotes o regulaciones ligadas al servicio militar obligatorio, advirtió que el paquete también incluye disposiciones “sensibles” en materia de educación, salud y cultura.
Giuliano alertó, entre otros puntos, sobre la intención de derogar la ley de producción pública de medicamentos, que —según remarcó— permite reducir costos al sistema sanitario y mejorar el acceso a tratamientos, y la norma de control sanitario de la lepra, enfermedad que en la última década registró entre 300 y 400 casos en el país. También objetó la propuesta de eliminar la ley de apicultura, el Consejo Federal de Juventud y regulaciones de carácter cartográfico.
- El proyecto rescata experiencias previas de depuración normativa impulsadas durante los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
- Una de las mayores controversias se centra en la propuesta de derogar la ley 11.380, que habilita al Banco Nación a otorgar créditos especiales y beneficios tributarios a cooperativas.
Desde la izquierda también se alzaron voces críticas. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó a la ley como una muestra de “autoritarismo” al impulsar modificaciones de amplio alcance sin consultas previas a los sectores afectados y sostuvo que el texto “ataca la salud, las cooperativas y la cultura”. Desde el oficialismo, en tanto, la diputada de La Libertad Avanza Patricia Vásquez ratificó que “la decisión es ésta” y lamentó que no exista acuerdo para eliminar normas en desuso que, a juicio del Gobierno, entorpecen el funcionamiento del Estado y la actividad privada.
“Así como hemos tenido un problema de inflación monetaria, también tenemos un severo problema de inflación normativa”, sostuvo el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, al defender la ley Hojarasca.
Con posiciones fuertemente enfrentadas y acusaciones cruzadas sobre el verdadero alcance del proyecto, la discusión por la ley Hojarasca promete trasladarse ahora al recinto, donde el oficialismo intentará consolidar apoyos para avanzar con una de las piezas clave de su agenda de desregulación del Estado.
