Ocaña advirtió por el impacto del ajuste en los jubilados
NewsITe
La dirigente porteña y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, volvió a apuntar contra la política económica del Gobierno nacional y, en particular, contra el ajuste aplicado sobre el PAMI, la obra social de jubilados y pensionados. En declaraciones radiales, la ex funcionaria advirtió que la lucha contra el fraude en el organismo no puede utilizarse como excusa para recortar prestaciones ni deteriorar la atención a uno de los sectores más vulnerables del país.
Ocaña, con larga trayectoria vinculada al control de la gestión pública y al propio PAMI, reconoció que existen irregularidades y maniobras fraudulentas en la prestación de servicios, pero remarcó que esa problemática debe enfrentarse con mayores controles y auditorías del Estado, y no con un ajuste que caiga sobre los bolsillos y la calidad de vida de los jubilados. “El fraude no puede ser la justificación para ajustarle a los jubilados”, señaló, al advertir que hoy existen herramientas tecnológicas y administrativas suficientes para detectar desvíos y sancionar a los responsables.
La ex integrante de la alianza Cambiemos cuestionó de manera directa a la administración de Javier Milei y vinculó la situación actual del PAMI con el rumbo económico del Ejecutivo. Según explicó, la llamada “motosierra” aplicada sobre distintos organismos también se hizo sentir en la obra social de los adultos mayores, con recortes presupuestarios, demora en pagos a prestadores y dificultades para sostener la cobertura de medicamentos y estudios de alta complejidad.
En ese sentido, Ocaña alertó que la crisis del PAMI se traduce en turnos más largos, menos servicios disponibles y mayor incertidumbre para millones de afiliados que dependen casi exclusivamente de la obra social para acceder al sistema de salud. “La crisis del PAMI es consecuencia del plan económico del Gobierno”, sentenció, al advertir sobre el riesgo de que el ajuste termine profundizando la vulnerabilidad de los jubilados, ya golpeados por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes.
Fraude, controles del Estado y tensión por el ajuste
Durante la entrevista, la legisladora porteña insistió en que el Estado cuenta con capacidad técnica para auditar prestaciones, cruzar datos y supervisar contratos con clínicas, laboratorios y demás prestadores. En su visión, el foco debería estar puesto en transparentar los circuitos de financiamiento y cortar los negocios irregulares que históricamente afectaron al PAMI, y no en reducir la oferta de servicios o trasladar costos a los afiliados.
- Reclamo de Ocaña por mayor control sin afectar prestaciones.
- Críticas al impacto del plan económico del Gobierno en el PAMI.
- Advertencia sobre el deterioro en la atención a jubilados.
“El fraude no puede ser la justificación para ajustarle a los jubilados” (Graciela Ocaña).
Con este planteo, la ex ministra buscó poner en el centro del debate la situación de los jubilados en medio del ajuste fiscal y volvió a instalar la discusión sobre cómo combinar transparencia y control del gasto con la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud. El futuro del PAMI, en ese contexto, se vuelve un termómetro clave del impacto social de la política económica actual.
