Debate caliente por la reforma de la Ley de Propiedad Privada
NewsITe
El oficialismo se prepara para una semana clave en el Senado con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Privada, que incluye cambios profundos en el régimen de compra de tierras por parte de extranjeros, la normativa sobre barrios populares, el sistema de desalojos y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa expuso diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, entre ellos la UCR, el PRO y espacios provinciales aliados.
Fuentes parlamentarias admiten que, por ahora, no están garantizados los votos para emitir dictamen y llevar la propuesta al recinto. Por eso, el oficialismo intensificará las negociaciones con los espacios que acompañaron otras leyes del Gobierno, pero que ahora plantean reparos a varios artículos considerados sensibles por su impacto social y territorial.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de los límites para que personas extranjeras adquieran tierras en la Argentina. El proyecto deroga las restricciones fijadas por la ley 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía un tope de 1.000 hectáreas para compradores extranjeros, con el objetivo de evitar la concentración de superficies estratégicas en manos foráneas.
Tierras en manos extranjeras y soberanía en la mira
La nueva redacción, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros, suprime esos límites y solo mantiene la exigencia de autorización estatal cuando el comprador sea directamente un Estado extranjero o una entidad vinculada a él. Según el Gobierno, el enfoque apunta a resguardar la soberanía concentrando los controles en la injerencia de otros países, sin trabar la inversión privada.
Sin embargo, la medida genera fuertes cuestionamientos dentro de los propios aliados. La senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, advirtió que su provincia tiene más de 200.000 kilómetros cuadrados con zonas de alto valor estratégico y que, sin límites cuantitativos, se debilita la capacidad del Estado local para cuestionar la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros.
Entre los bloques dialoguistas hay coincidencia en que no se quiere volver al esquema rígido de 1.000 hectáreas, pero también en que una liberación absoluta podría abrir la puerta a adquisiciones masivas sin control territorial, con posibles consecuencias en materia de seguridad, acceso al agua, recursos naturales y desarrollo productivo.
Barrios populares, desalojos exprés y recorte de expropiaciones
Otro eje de conflicto es la modificación de la Ley 27.453, que creó el régimen de regularización dominial para barrios populares. El proyecto del Ejecutivo limita las expropiaciones previstas para otorgar títulos de propiedad a las familias y elimina la prohibición de ordenar desalojos por un plazo de 10 años, una protección clave para miles de hogares asentados sobre tierras privadas.
Legisladores de la oposición dialoguista alertan que, de aprobarse el texto sin cambios, podría producirse una “catarata de desalojos” en villas y asentamientos registrados, al tiempo que se recorta el porcentaje mínimo de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios. También se derogan artículos centrales que definían el mecanismo de expropiación y el rol activo del Estado nacional en la regularización.
Con la reforma, la implementación del régimen quedaría mayormente en manos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras la Nación pasaría a un papel de coordinación. El Gobierno argumenta que, a siete años de vigencia de la ley, solo el 0,08% del suelo alcanzado cuenta con título de propiedad, cifra que considera prueba del fracaso del esquema actual.
Desalojos acelerados y cambios en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto también propone un procedimiento más veloz para los desalojos por falta de pago, reduciendo de 10 a 3 días el plazo de intimación y acortando a 5 días el tiempo para ejecutar la medida. Además, se simplifican los requisitos probatorios, priorizando la presentación del título de propiedad en lugar de exigir cauciones reales, lo que, según críticos, puede dejar en mayor vulnerabilidad a inquilinos y ocupantes de bajos recursos.
En paralelo, se modifican artículos clave de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada en 2020, que impedían por décadas la venta o el cambio de uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas incendiadas. El Gobierno sostiene que los plazos actuales son desproporcionados y afectan el ejercicio del derecho de propiedad sin demostrar eficacia en la prevención de incendios intencionales.
Organizaciones ambientalistas y legisladores opositores advierten, en cambio, que flexibilizar esas restricciones podría facilitar prácticas especulativas sobre tierras quemadas, con riesgo para ecosistemas frágiles y territorios de alto valor ambiental. Con posiciones enfrentadas y negociaciones abiertas, el futuro de la reforma de la Ley de Propiedad Privada se perfila como una de las pruebas políticas más delicadas para el oficialismo en el Senado.
“Por ahora no están los votos; se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios”, reconocen cerca del oficialismo.
