El oficialismo busca ordenar el financiamiento universitario
NewsITe
El Gobierno nacional decidió acelerar el tratamiento de la nueva Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, con el objetivo de atenuar el impacto fiscal que generó la normativa vigente y desactivar la creciente disputa política y judicial en torno a los recursos destinados a las universidades nacionales.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes legislativas y universitarias, el Ministerio de Capital Humano retomó en las últimas semanas contactos con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y con los gremios docentes y no docentes para intentar recomponer puentes tras semanas de tensión. La apuesta oficial es lograr un acuerdo que le permita avanzar con un nuevo marco legal durante 2025.
El encargado de articular ese diálogo fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien desde febrero había impulsado rondas de negociación para acercar posiciones sobre el contenido de la ley. En La Libertad Avanza aseguran que, en un primer momento, se había alcanzado un entendimiento básico para que el texto ingresara al Congreso y se debatiera en el período ordinario, evitando así un escenario judicial desfavorable para las cuentas públicas.
Sin embargo, el proyecto quedó fuera de las prioridades legislativas del oficialismo y la estrategia se centró en la expectativa de un fallo favorable en los tribunales. Esa jugada no prosperó y el Gobierno se encontró frente a una ley, la 27.795, impulsada por la oposición, cuyos alcances considera de imposible cumplimiento por falta de presupuesto.
Disputa fiscal y negociación política
Ante ese cuadro, el Poder Ejecutivo presentó, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación que encabeza Sebastián Amerio, un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El objetivo es suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la norma vigente, que establecen fuertes obligaciones de recomposición salarial y de actualización de partidas para el sistema universitario.
En paralelo, referentes de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados aseguran estar dispuestos a tejer acuerdos con sectores de la oposición dialoguista para aprobar un nuevo texto, que contempla aumentos salariales para docentes y no docentes durante 2025, aunque en niveles más moderados que los fijados por la ley actual. De hecho, el proyecto del Gobierno reconoce la pérdida de salario real durante 2025 pero consolida el ajuste aplicado en 2024.
En los fundamentos de la iniciativa enviada al Congreso, el Ejecutivo sostiene que busca “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales con las reales posibilidades de financiamiento”. Detrás de esa formulación técnica, el oficialismo procura compatibilizar la continuidad del funcionamiento del sistema universitario con su programa de reducción del gasto público.
Claves de la nueva Ley de Financiamiento Universitario
- Revisión de los mecanismos de actualización de los presupuestos universitarios frente a la inflación.
- Esquema de recomposición salarial para docentes y no docentes durante 2025, con topes más acotados que la ley actual.
- Búsqueda de previsibilidad fiscal para el Estado nacional en el mediano plazo.
- Compromiso de diálogo con rectores y gremios para evitar nuevas escaladas de conflicto.
En el oficialismo confían en que la sanción de la nueva ley permitirá descomprimir la vía judicial y ordenar las expectativas del sistema universitario en un marco de fuerte restricción fiscal.
Mientras el Congreso se prepara para el debate, el desenlace de esta pulseada será clave para definir el rumbo del financiamiento de la educación superior pública en la Argentina y el equilibrio entre la autonomía universitaria y las metas de ajuste que impulsa la administración de Javier Milei.
