Intendentes preparan una ofensiva judicial por fondos para obras viales
NewsITe
Intendentes de distintas provincias comenzaron a evaluar la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos. El foco del reclamo está puesto en la presunta retención indebida de fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles y destinados, por ley, a infraestructura vial en todo el país.
El malestar se canalizó a través de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne a más de 500 jefes y jefas comunales de todos los signos políticos. La entidad ya elevó un documento formal al Ministerio de Economía y avanzó en consultas con equipos de abogados para definir una estrategia judicial en caso de que el Gobierno nacional no abra una mesa de diálogo y normalice el flujo de recursos.
Según explicaron desde la FAM, el reclamo se apoya en el artículo 19 de la ley 23.966, modificado por la ley 27.430, que establece que una porción de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Ese esquema fija que hasta un 20% puede orientarse a obras ferroviarias, mientras que el resto debe utilizarse para proyectos viales, tal como lo define el decreto 976/2001.
Los intendentes sostienen que el incumplimiento de estas normas no solo provoca un fuerte perjuicio en sus comunidades —por la paralización de trabajos de pavimentación, mantenimiento y mejora de rutas y accesos—, sino que además podría configurar el delito de malversación de fondos públicos. Como ejemplo, señalan que en 2023 se recaudaron alrededor de 3,5 billones de pesos para el fideicomiso, de los cuales Vialidad Nacional debería haber recibido 2,25 billones. Sin embargo, solo habría percibido cerca de 1,2 billones.
Preocupación por el impacto en obras y por el frente judicial
Entre los jefes comunales circula la sospecha de que los montos retenidos se estarían utilizando para operaciones financieras del Estado nacional y no para la finalidad específica prevista por ley. “Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, compra de dólares y para favorecer el carry trade”, cuestionó una intendenta tras la presentación en Economía, en declaraciones recogidas por la agencia Noticias Argentinas.
En el documento elevado al Palacio de Hacienda, los intendentes también advirtieron que entre el 1° de enero y el 31 de marzo de este año el Estado recaudó aproximadamente 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles sin destinarlos a obras ni a una reducción en el precio que pagan los usuarios en los surtidores.
- Se denuncia una presunta retención indebida de fondos que deberían ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
- Intendentes advierten por la paralización de obras viales y el deterioro de rutas y caminos locales.
- La FAM evalúa una presentación judicial si el Gobierno no convoca a una negociación urgente.
La reunión clave se concretó en la sede de la FAM y fue encabezada por su presidente, Fernando Espinoza, acompañado por intendentes de diversas fuerzas políticas. Allí acordaron avanzar en una “estrategia judicial coordinada” si no reciben una respuesta satisfactoria del Gobierno nacional en el corto plazo.
“La situación es apremiante y los recursos se agotan. Pedimos diálogo para encontrar soluciones, pero si no somos escuchados no queda otra opción”, remarcó uno de los miembros de la FAM.
En paralelo, trascendió que en la Casa Rosada hay inquietud por el posible avance de denuncias penales y eventuales investigaciones en los tribunales federales sobre el destino de estos fondos. Mientras tanto, en los municipios se multiplican las advertencias sobre demoras y cancelaciones de proyectos viales que impactan de lleno en la seguridad vial, la conectividad regional y la economía local.
