Delegan en las provincias la gestión y concesión de rutas nacionales
NewsITe
El Gobierno nacional oficializó la delegación en nueve provincias de la gestión, mantenimiento y concesión por peaje de distintos tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida quedó establecida en el Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a descentralizar funciones operativas y acelerar obras de infraestructura vial.
Las jurisdicciones habilitadas para iniciar estos procesos son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. A partir de ahora, estas provincias podrán licitar la conservación y explotación de los corredores mediante concesiones de obra pública, con cobro de peaje, a empresas privadas, sociedades mixtas o entes públicos.
Según se detalla en la norma, la delegación de facultades es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, lo que significa que el Estado Nacional conserva la propiedad de las rutas y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados. El decreto aclara de manera taxativa que la iniciativa “no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal”.
El esquema prevé contratos de gestión con un plazo máximo de treinta (30) años desde su aprobación. Para implementarlo, cada provincia deberá firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), en los que se precisarán los tramos a administrar, el plan de obras, las obligaciones de mantenimiento y las condiciones del sistema de peajes.
Condiciones para la licitación y control nacional
Los acuerdos deberán garantizar, de acuerdo con el decreto, el “respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero”. Es decir, los procesos licitatorios deberán ser abiertos y competitivos, con tarifas justificadas y un esquema económico que permita sostener las inversiones y el mantenimiento sin desnaturalizar el carácter de servicio público.
El Ministerio de Economía fue designado como autoridad de aplicación del nuevo régimen, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos y de las obras comprometidas. Este control centralizado busca evitar desvíos en la ejecución y asegurar estándares homogéneos en la red vial nacional, aun cuando la gestión cotidiana quede en manos de los gobiernos provinciales.
- La Nación delega la gestión operativa, pero mantiene la propiedad y la jurisdicción de las rutas.
- Las provincias podrán otorgar concesiones con peaje por hasta 30 años.
- Cada convenio deberá respetar criterios de transparencia y razonabilidad tarifaria.
- Economía será la autoridad de aplicación y Vialidad Nacional, el órgano de control.
“La delegación de facultades es de carácter funcional, limitado, temporal y revocable”, precisa el Decreto 253/2026 al fundamentar el nuevo esquema de concesiones viales.
La norma también fija un mecanismo de caducidad: si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio con Vialidad Nacional, se producirá el “decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate”. De ese modo, la Nación se reserva la posibilidad de reasumir la administración de los corredores donde no se avance con los procesos de concesión.
Con este esquema, el Gobierno busca involucrar más directamente a las provincias en la planificación y financiamiento de la red vial que utilizan a diario sus habitantes y actividades productivas, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria y revisión de los modelos de gestión de la obra pública en todo el país.
