Investigan una presunta red de corrupción en el negocio de las fotomultas
NewsITe
El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una denuncia por presunto lavado de dinero y pago de coimas vinculada al millonario negocio de las fotomultas en distintos distritos del país. En el centro de la investigación aparecen el empresario Leandro Camani y el ministro bonaerense Martín Marinucci, además de funcionarios nacionales y provinciales ligados al área de transporte y seguridad vial.
Según la presentación judicial, la maniobra habría comenzado a ser reconstruida en el marco de la Investigación Preliminar N° 141, iniciada en enero. Allí se describe un esquema por el cual Camani, a través de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., suscribía convenios con universidades públicas para prestar servicios vinculados al control de tránsito y el cobro de multas, evitando así los procesos de licitación tradicionales.
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación FUNINTEC figuran como actores centrales del entramado. De acuerdo al dictamen, se firmaban convenios de asistencia técnica con municipios bonaerenses, que luego derivaban la ejecución a la fundación. Esta, a su vez, subcontrataba de manera directa a las empresas ligadas a Camani para la instalación y operación de sistemas de fotomultas.
El esquema contemplaría un reparto de lo recaudado que otorgaba el 70% a la estructura universidad–empresa y solo el 30% a los municipios. Para el fiscal, ese diseño permitía desviar sumas millonarias. Como ejemplo, se menciona que el municipio de La Matanza transfirió más de 3.758 millones de pesos a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024 por estos convenios.
Focalización en presunto lavado y desvío de fondos
La hipótesis de la investigación es que una porción relevante de esos recursos se canalizaba mediante facturación apócrifa emitida por empresas fantasma o monotributistas, con el fin de encubrir pagos ilegales a funcionarios. El dictamen menciona una presunta connivencia de integrantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de la Secretaría de Transporte de la Nación y de dependencias de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, Camani es señalado como posible organizador de la maniobra, quien se habría valido de supuestos testaferros para mover los fondos. La presentación también vincula al ministro bonaerense Martín Marinucci con una presunta asociación ilícita, junto a Camani y a Diego Alfredo Lepera. A su vez, el secretario de Extensión de la UNSAM, Diego Kampel, es descripto como un nexo clave para facilitar la firma y ejecución de contratos dentro del ámbito universitario.
- Convenios entre municipios y una universidad pública que derivan en la subcontratación de empresas privadas de fotomultas.
- Reparto del 70% de la recaudación para la estructura universidad–empresa y 30% para los municipios, con presunto desvío de fondos.
- Uso de facturación apócrifa, empresas fantasma y monotributistas para canalizar pagos ilegales.
Pedidos de medidas y posible unificación de causas
Marijuan solicitó al juez federal que la causa se encuadre provisoriamente bajo la figura de lavado de activos, sin descartar otros delitos como asociación ilícita y cohecho. También requirió informes patrimoniales a la AFIP (en el texto original se menciona ARCA), reportes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y eventuales allanamientos en la UNSAM y en FUNINTEC para secuestrar documentación contable y administrativa vinculada a los convenios de fotomultas.
La denuncia plantea que el negocio del control de tránsito y las fotomultas se habría convertido en una vía para extraer recursos públicos mediante estructuras mixtas entre universidades y empresas privadas.
La causa podría unificarse con otros expedientes que ya tramitan en la Justicia Federal de Tres de Febrero y que investigan irregularidades similares en al menos once municipios bonaerenses, entre ellos General Pueyrredón, Zárate, Morón, San Isidro y San Martín. De avanzar, la investigación podría redefinir el sistema de contratación de servicios de fotomultas en la provincia y abrir un debate más amplio sobre el uso de las universidades como intermediarias en convenios con el sector privado.
