Nación avanza con la Etapa II A de concesiones viales
NewsITe
El Gobierno nacional confirmó que doce empresas quedaron habilitadas para competir en la licitación de la Etapa II A de la Red Federal de Concesiones, un esquema que prevé la modernización y puesta en valor de más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales y forma parte de un plan mayor sobre 9.000 kilómetros de corredores estratégicos en todo el país.
Según informó la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el avance se produce tras el cierre del período de impugnaciones a los pliegos, lo que permite continuar con el proceso bajo lo que el Ejecutivo define como criterios de transparencia, seguridad jurídica y evaluación objetiva. El proyecto se basa en inversión 100% privada, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial sin aportes directos del Estado nacional.
La Etapa II A abarca dos tramos diferenciados. Por un lado, el corredor Sur Atlántico – Acceso Sur, de 1.325,17 kilómetros, que incluye la Ruta Nacional 3 desde el Gran Buenos Aires hacia el sur bonaerense, la RN 205, la RN 226 y accesos clave como la Autopista Ricchieri, la Autopista Ezeiza–Cañuelas y la Autopista Newbery. Por otro, el tramo Pampa, de 546,65 kilómetros sobre la Ruta Nacional 5, que conecta Buenos Aires con el centro del país.
Ofertas recibidas y exclusión de AUBASA
De acuerdo con el comunicado oficial, para la Etapa II A se presentaron 19 ofertas, de las cuales 12 resultaron admitidas y 7 fueron desestimadas por no cumplir con las exigencias técnicas y financieras fijadas en los pliegos. En el caso del tramo Sur Atlántico – Acceso Sur, hubo 10 ofertas: 6 fueron aprobadas y 4 rechazadas.
Entre las empresas excluidas se encuentra Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), la firma estatal bonaerense. La Secretaría de Transporte aclaró que su descalificación se debe a «cuestiones técnicas y objetivas», al señalar que la compañía no acreditó adecuadamente la capacidad para la ejecución directa de las obras, un requisito considerado central para garantizar que el concesionario pueda asumir con recursos propios la construcción y el mantenimiento de la traza.
El pliego exige que las empresas no se limiten a la mera operación o tercerización de los trabajos, sino que demuestren experiencia y estructura propia para llevar adelante las obras. Según la evaluación, AUBASA sólo acreditó tareas de operación de corredores viales y no la ejecución material de obras de infraestructura en la escala requerida.
Cuestionamientos financieros y controles del proceso
El comunicado también detalla que AUBASA incumplió con los parámetros económico–financieros exigidos. Los pliegos establecen indicadores objetivos de endeudamiento y solvencia, con la premisa de que las concesionarias puedan asumir el riesgo integral del contrato sin asistencia estatal. En este punto, se remarcó que el ratio de endeudamiento de la empresa, de 3,75, supera ampliamente el límite admitido de 1,50, lo que dejaría en evidencia una situación de fragilidad financiera.
Durante la evaluación de ofertas se dio a la compañía la oportunidad de ampliar y aclarar la documentación presentada. Sin embargo, las observaciones técnicas y financieras no pudieron ser revertidas y, según el Gobierno, persistieron inconsistencias, entre ellas la ausencia del balance contable–financiero requerido. Otras empresas también fueron excluidas por falencias similares, lo que, de acuerdo con la Secretaría, confirmaría la aplicación uniforme de los criterios establecidos.
En el comunicado se subraya que AUBASA no impugnó los pliegos en la etapa prevista para hacerlo, lo que se interpreta como aceptación de las condiciones. De todos modos, la firma realizó luego presentaciones cuestionando ofertas de otros participantes, invocando una normativa que, según el Gobierno, no resulta aplicable al proceso. Además, se informó que una de las compañías desestimadas presentó un escrito que aún está en análisis.
Un modelo basado en inversión privada y reglas claras
La Red Federal de Concesiones se enmarca en un modelo de infraestructura vial donde la inversión corre por cuenta del sector privado y los concesionarios asumen el riesgo de la operación y el mantenimiento de las rutas. El objetivo oficial es avanzar hacia estándares de mayor eficiencia, calidad y previsibilidad en los principales corredores del país, reduciendo costos logísticos y mejorando la seguridad vial.
- Más de 9.000 km de corredores estratégicos en todo el país forman parte del esquema general de concesiones.
- La Etapa II A incluye más de 1.900 km de rutas nacionales en Buenos Aires y la región pampeana.
- El proceso se desarrolla con supervisión de organismos como la SIGEN, la Oficina Nacional de Contrataciones y la Comisión Evaluadora.
“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con un modelo de infraestructura basado en reglas claras, competencia genuina y responsabilidad técnica, donde la inversión privada asuma el riesgo de la operación y el sistema vial pueda avanzar hacia estándares de mayor eficiencia, calidad y previsibilidad”, señaló la Secretaría de Transporte.
Con la selección preliminar de 12 empresas en condiciones de competir por los contratos, el Ejecutivo busca encaminar una nueva etapa de concesiones viales. En los próximos pasos se definirán las adjudicaciones y los plazos de obras, en un contexto en el que el rol del capital privado vuelve a ubicarse en el centro de la estrategia para financiar y sostener la infraestructura de rutas nacionales.
