Fuerte recorte en el plan Remediar: de 79 fármacos a solo 3

El ajuste en medicamentos que reconfigura la atención primaria

Programa Remediar y acceso a medicamentos en centros de salud

NewsITe

El Programa Nacional Remediar, creado en 2002 como uno de los pilares del primer nivel de atención en la Argentina, atraviesa una modificación que en los hechos implica un fuerte recorte. El vademécum que hasta hace poco incluía 79 medicamentos esenciales y gratuitos —entre antibióticos, analgésicos y tratamientos para patologías respiratorias, digestivas y ginecológicas— se redujo a solo tres drogas orientadas a enfermedades cardiovasculares: amlodipina combinada con losartán, rosuvastatina e hidroclorotiazida.

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Desde el Gobierno nacional insisten en hablar de una “reorientación estratégica” del programa y rechazan que se trate de un ajuste. A través de la cuenta de X @RespOficial_Arg, dependiente del área de Comunicación Digital de la Presidencia, se calificó de “mentira descarada” la denuncia de recorte y se defendió la decisión de concentrar los recursos nacionales en tratamientos de alto costo, principalmente oncológicos y para enfermedades poco frecuentes.

La explicación oficial remarca que, en un sistema federal, las provincias deben asumir la compra y provisión de los medicamentos considerados de bajo costo, que hasta ahora llegaban a través de los botiquines de Remediar. Sin embargo, no se han detallado mecanismos claros de compensación financiera ni un esquema de transición que garantice que los centros de salud continúen recibiendo, sin interrupciones, los fármacos que eran provistos de manera regular desde hace más de dos décadas.

Impacto en provincias y tensión en el sistema de salud

El cambio de rumbo genera preocupación en distintas jurisdicciones. Santa Fe avanzó en licitaciones propias para cubrir el faltante que deja el programa nacional. En Tierra del Fuego, la ministra de Salud, Judith Di Giglio, advirtió públicamente que el fin del esquema tal como se conocía produce “gran preocupación” por su efecto directo sobre la población que depende del sistema público. En el ámbito del COFESA, representantes de varias provincias del norte plantearon el riesgo de desabastecimiento si no aparece una respuesta coordinada desde la Nación.

Informes de organizaciones especializadas, como la Fundación Soberanía Sanitaria, y relevamientos provinciales coinciden en que la reducción del vademécum deja fuera del esquema nacional medicamentos de uso masivo, claves para tratar infecciones respiratorias, digestivas o ginecológicas, entre otras. Lo que en una planilla puede figurar como “bajo costo” se vuelve inaccesible para quienes viven al día y dependen de la entrega gratuita para sostener un tratamiento o evitar una complicación que los lleve a la guardia hospitalaria.

Prioridades, calidad y el riesgo de desarmar la base

Especialistas en salud pública señalan que la discusión de fondo no pasa por si hay que priorizar recursos —algo inevitable en un sistema con presupuesto limitado— sino por cómo se realiza esa priorización y qué redes de contención se preservan. Desarmar un programa extendido como Remediar sin precisar qué lo reemplazará supone una apuesta de alto riesgo: cuando se interrumpe el acceso a medicamentos básicos, el impacto se observa en mayor demanda de emergencias, tratamientos discontinuados y costos posteriores más elevados.

En paralelo, el Gobierno impulsa iniciativas como el Plan Nacional de Calidad en Salud, orientadas a mejorar estándares e indicadores del sistema sanitario. Esa agenda de calidad convive con la fragilidad del presente: ningún esquema de salud gana solidez si se debilita el primer nivel de atención, que es la puerta de entrada de la ciudadanía y el dique que contiene la presión sobre hospitales y guardias.

La discusión no se limita al tamaño del Estado, sino a quién queda afuera cuando se redefinen las prioridades. En este caso, el ajuste llegó al botiquín de quienes no pueden pagar sus medicamentos.

Mientras continúan los cruces entre el Gobierno y las provincias, el interrogante central sigue abierto: si la Nación se retira parcialmente del financiamiento de medicamentos esenciales, ¿qué herramientas concretas tendrán los sistemas locales para evitar que ese vacío se traduzca en más enfermedad y en un mayor costo social y económico a mediano plazo?

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