La dueña del animal aseguró que la mascota estaba sana antes del servicio. La Justicia determinó la responsabilidad del local y fijó una indemnización millonaria en un fallo que reabre el debate sobre la regulación del rubro.
La muerte de una perra durante un servicio de baño y peluquería en Mar del Plata derivó en un fallo judicial que condenó al establecimiento responsable a pagar más de 17 millones de pesos. El caso generó conmoción y puso en discusión las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
Según reconstruyó el medio 0223, el hecho ocurrió en enero de 2023 cuando una bulldog francés llamada Juanita fue llevada a un local para un servicio habitual de higiene. La dueña, Patricia Stadler, aseguró que el animal se encontraba en perfecto estado de salud.
Apenas 20 minutos después de haberla dejado en el establecimiento, la mujer recibió un llamado que modificó por completo la situación. Desde el local le informaron que la perra estaba descompensada y que debía trasladarla a un centro asistencial.
La mascota falleció antes de poder recibir atención. “No hubo tiempo de nada”, recordó la dueña en diálogo con 0223, donde además cuestionó que el lugar contaba con un vehículo para traslados pero no lo utilizó.
Peritajes, hipótesis y un fallo que marca responsabilidad
Con el avance de la causa judicial, surgieron elementos que profundizaron las dudas sobre lo ocurrido dentro del establecimiento. La dueña afirmó que el animal presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas partes del cuerpo.
El peritaje fue claro, “Es imposible que los golpes hayan ocurrido fuera del lugar porque el animal no hubiera podido caminar sin sentir dolor”, sostuvo, al tiempo que indicó que la veterinaria no pudo explicar el origen de esas lesiones ante la Justicia.
Frente a este escenario, la denunciante planteó dos hipótesis posibles: una caída accidental durante el baño o una agresión directa por parte de quienes manipulaban al animal.
El Juzgado Civil y Comercial Nº12 determinó la responsabilidad del establecimiento al considerar que la muerte ocurrió bajo su cuidado. El fallo también destacó inconsistencias en las versiones brindadas y la falta de una reconstrucción precisa de los hechos.
La sentencia incluyó una indemnización superior a los 17 millones de pesos y alcanzó tanto a la empresa como a los profesionales involucrados.
Un debate abierto sobre la falta de regulación
El caso no solo tuvo impacto judicial, sino que también reavivó el debate sobre la falta de regulación en la actividad de peluquería canina. La propia denunciante advirtió que no existen controles claros sobre quienes ejercen este trabajo.
En ese punto, el testimonio recogido semanas atrás en San Nicolás por este medio refuerza esa preocupación. Allí, una peluquera canina explicó que la actividad “no está regularizada” y que cualquier persona puede ejercerla sin certificación oficial.
Esa falta de controles genera diferencias marcadas en la calidad del servicio. La profesional señaló que los valores dependen de la capacitación, las herramientas, la cosmética utilizada y las condiciones del lugar.
También advirtió sobre riesgos concretos para los animales. Mencionó desde el uso de agua fría hasta la falta de adaptación del perro al entorno, situaciones que pueden generar estrés o incluso daños físicos.
El impacto emocional y el valor del precedente
Más allá de lo judicial, el caso dejó una profunda marca emocional en la dueña del animal. La mujer relató que debió atravesar un proceso complejo tras la muerte de su mascota, incluyendo la espera de la necropsia.
“Era parte de la familia”, expresó al recordar a Juanita, y describió el proceso posterior como “tremendo”.
Finalmente, valoró la sentencia como un precedente importante. Consideró que el fallo no solo repara su caso, sino que también visibiliza los derechos de los animales y la necesidad de establecer controles más estrictos.
El caso, que conmocionó a Mar del Plata, expone una problemática más amplia. La falta de regulación, la disparidad en la formación y las condiciones de trabajo aparecen como factores centrales en una actividad que, cada vez más, queda bajo la lupa social y judicial.
