Aliados del Gobierno exigen definiciones por la situación de Adorni.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo de tensión en la Casa Rosada y encendió las alarmas entre los propios aliados parlamentarios del Gobierno. Dirigentes de espacios que acompañaron a La Libertad Avanza en la aprobación de leyes clave ahora ponen en duda la continuidad del funcionario y advierten por el impacto político que el escándalo genera sobre la agenda oficial.
Según reconstruyó este medio a partir de testimonios recogidos en el AmCham Summit, evento que reunió a la dirigencia política y empresarial en la Ciudad de Buenos Aires, al menos un referente de un bloque dialoguista fue tajante al reclamar un giro inmediato en la conducción del Gobierno. “Tiene que renunciar”, sostuvo ante la Agencia Noticias Argentinas, reflejando un malestar que se extiende entre gobernadores y legisladores que, hasta ahora, venían respaldando los proyectos libertarios.
En ese sector reconocen que el desgaste público de Adorni complica cualquier intento de negociación en el Congreso. Gobernadores considerados cercanos al oficialismo prefieren hoy evitar fotos con el jefe de Gabinete y, en privado, plantean que resulta inviable avanzar en una agenda legislativa ambiciosa mientras el funcionario se mantenga en el centro de la polémica.
La preocupación no es menor: sobre la mesa permanecen iniciativas que el Gobierno considera estratégicas, como la nueva Ley de Salud Mental, normas sobre inviolabilidad de la propiedad privada y una reforma política de alcance nacional. Sin embargo, voces de la oposición dialoguista anticipan que, con el actual clima, esos debates podrían quedar postergados por tiempo indeterminado.
Presión del PRO y dudas sobre la estrategia oficial
En el PRO, socio político clave de La Libertad Avanza, la lectura es igual de contundente. Altas fuentes partidarias aseguran que el oficialismo “no puede perder más tiempo” y reclaman una definición rápida sobre el futuro de Adorni. “Es obvio lo que tiene que suceder”, sintetizó un dirigente amarillo, aludiendo sin rodeos a la necesidad de una salida ordenada del funcionario.
Al mismo tiempo, en ese espacio reconocen que el Gobierno todavía conserva activos políticos relevantes: un nivel de respaldo social que consideran significativo, una macroeconomía que muestra ciertos signos de estabilidad y una oposición fragmentada, sin liderazgo unificado. Bajo esa lógica, sostienen que el Ejecutivo aún dispone de margen para reencauzar la gestión, siempre que logre despejar el frente judicial y comunicacional que rodea al jefe de Gabinete.
En la propia La Libertad Avanza admiten puertas adentro que el escenario es delicado. Dirigentes cercanos al oficialismo comparan la figura de Adorni con la de José Luis Espert, en referencia a un perfil polémico y de alta exposición. Sin embargo, evitan hablar abiertamente de renuncia, conscientes de que Javier y Karina Milei han decidido respaldarlo de manera enfática.
Un escándalo que opaca los logros de gestión
Mientras tanto, crece el malestar por el modo en que el caso Adorni eclipsa cualquier intento del Gobierno por instalar noticias positivas. Funcionarios consultados señalan que avances relevantes, como el fallo internacional por la causa YPF o los últimos indicadores de pobreza, quedaron relegados en la agenda mediática frente al impacto del conflicto que rodea al jefe de Gabinete.
“El juicio de YPF y la baja de la pobreza pasaron de largo y Adorni es noticia todo el tiempo”, admitió un integrante del oficialismo, que reconoce el costo político de sostener a un funcionario bajo fuerte cuestionamiento. No obstante, el propio jefe de Gabinete asegura en su círculo íntimo que no dará un paso al costado y que continuará en su puesto pese a las presiones cruzadas.
En este contexto, los próximos movimientos del oficialismo en el Congreso y las señales que emitan los gobernadores aliados serán determinantes para saber si el caso Adorni deriva en un recambio político de alto impacto o si el Ejecutivo logra encapsular el escándalo y retomar el control de la agenda pública.
