El oficialismo busca avanzar con el proyecto antes de fin de mes
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El Senado de la Nación retomará este miércoles, en un plenario de comisiones, el tratamiento del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las reformas jurídicas centrales que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, apunta a reforzar la protección del derecho de propiedad, agilizar los desalojos y modificar de manera profunda el actual régimen de tierras rurales y de barrios populares.
La discusión, que continuará a las 16 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, será clave de cara al dictamen previsto para la próxima semana. El oficialismo aspira a que la ley quede sancionada entre fines de abril y principios de mayo, en línea con el cronograma legislativo trazado por la Casa Rosada.
El proyecto propone, entre otros puntos, suprimir los límites vigentes para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir tierras en el país, introducir un mecanismo sumarísimo para la restitución de inmuebles ocupados y reformar la ley de Manejo del Fuego. También plantea cambios sensibles en el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, lo que abrió un fuerte debate con sectores aliados y organizaciones sociales.
Expositores del peronismo y cruces por tierras y barrios populares
La nueva jornada de trabajo contará con invitados sugeridos por el peronismo, con el objetivo de tensionar y matizar el proyecto oficial. Entre los expositores se encuentran el constitucionalista Daniel Sabsay; el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz; el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi; la ex funcionaria del RENABAP, Fernanda Monticelli; y el vicerrector de la UBA y ex decano de Arquitectura y Diseño, Jaime Smith.
También fueron convocados el director provincial del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, Ariel Rondan Piacetti, y el director ejecutivo de Techo Argentina y ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Ignacio Maqueyra. La semana pasada, la discusión se había iniciado con la exposición del ex ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos de las reformas estructurales que impulsa el oficialismo.
Expropiaciones, desalojos y propiedad extranjera de la tierra
En materia de expropiaciones, el texto introduce un procedimiento “sumarísimo” para la restitución de inmuebles a sus titulares, basado en la acreditación del título de propiedad y con intervención judicial, pero con plazos más acotados que los actuales. Desde el Gobierno sostienen que, de este modo, se busca garantizar el debido proceso sin los extensos tiempos que hoy demoran la recuperación de los bienes.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de los topes a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros, establecidos en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Ejecutivo argumenta que aquellas restricciones constituyeron una “limitación irrazonable” que desalentó inversiones, especialmente en el sector agropecuario, y propone concentrar los controles sólo cuando intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, en nombre de la defensa de la soberanía y la seguridad nacional.
Reforma de la ley de Manejo del Fuego y críticas ambientales
El proyecto también apunta a desarmar los núcleos centrales de la ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, impulsada por Máximo Kirchner, que prohibía por 60 años la venta de humedales, bosques nativos y áreas protegidas afectadas por incendios, y vetaba por 30 años el cambio de destino de las tierras agrícolas incendiadas. Para el Gobierno, esas restricciones resultan desproporcionadas y, en los hechos, vulneran el ejercicio del derecho de propiedad sin demostrar eficacia en la restauración ambiental.
Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, en cambio, advierten que la flexibilización podría favorecer maniobras especulativas y aumentar la presión sobre ecosistemas sensibles. Con posiciones muy marcadas a favor y en contra, el Senado se prepara para una pulseada legislativa que combinará la discusión jurídica sobre la propiedad privada con el debate de fondo sobre el modelo productivo, la inversión extranjera y la protección del ambiente.
Para el oficialismo, el proyecto “responde a la agenda que los argentinos eligieron” y busca consolidar seguridad jurídica y reglas de juego claras, mientras que la oposición cuestiona el impacto social y ambiental de las reformas.
La reunión de este miércoles será determinante para medir los apoyos y resistencias al proyecto antes del dictamen. El Gobierno apuesta a mostrar respaldo político suficiente como para avanzar con una de las reformas emblema de la gestión Milei en materia de propiedad privada y ordenamiento territorial.
