Allanamiento ordenado por Rafecas en causa por crímenes de la dictadura
NewsITe
El juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de una propiedad perteneciente al fallecido exrepresor Carlos Guillermo Suárez Mason, en el marco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. La vivienda, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, está actualmente habitada por la esposa y la hija del exmilitar, quien murió en 2005.
Según trascendió en ámbitos judiciales, el procedimiento tuvo como objetivo la búsqueda de documentación y posibles pruebas vinculadas al accionar del Primer Cuerpo de Ejército, estructura militar que Suárez Mason comandó durante los años más duros del terrorismo de Estado. En esa etapa, se le atribuye la planificación y orden de secuestros, desapariciones y el funcionamiento de numerosos centros clandestinos de detención.
Durante el operativo, personal policial y funcionarios judiciales recorrieron todos los ambientes de la vivienda, incluido el dormitorio de una de las mujeres que residen allí. La orden incluyó la búsqueda de archivos, registros, listados y cualquier elemento que pudiera aportar información sobre el destino de personas detenidas ilegalmente durante la dictadura.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa es el eventual hallazgo de documentación sobre el robo de bebés nacidos en cautiverio, causa en la que Suárez Mason estuvo procesado y detenido. La Justicia busca avanzar en la identificación de hijos e hijas de desaparecidos que aún no conocen su verdadera identidad, en línea con el trabajo que desde hace décadas llevan adelante organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo.
El allanamiento también se orientó a relevar datos sobre las finanzas del exmilitar y su entorno cercano. Suárez Mason fue acusado por el presunto desvío y utilización de fondos públicos y empresariales para financiar actividades represivas ilegales y operativos de inteligencia durante el Proceso de Reorganización Nacional. La Justicia intenta reconstruir esos circuitos económicos y determinar eventuales responsabilidades penales y civiles de terceros beneficiados.
Una nueva declaración reavivó la búsqueda de pruebas
De acuerdo con fuentes del caso, la medida dispuesta por Rafecas se originó a partir de una nueva declaración testimonial que señaló la posible existencia de documentación relevante en el domicilio allanado. Ese testimonio habría aportado datos concretos sobre archivos que podrían haberse conservado en la vivienda familiar del exjefe militar.
La realización del procedimiento generó cuestionamientos y malestar en el entorno de Suárez Mason, que expresó su disconformidad por el tiempo transcurrido desde la muerte del exrepresor. Sin embargo, en causas de lesa humanidad rige el criterio de imprescriptibilidad, lo que habilita a la Justicia a continuar con las investigaciones y a disponer diligencias incluso décadas después de ocurridos los hechos.
- Búsqueda de documentación sobre el accionar del Primer Cuerpo de Ejército.
- Investigación por robo de bebés nacidos en cautiverio.
- Indagación sobre el origen y destino de fondos utilizados para la represión ilegal.
Las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina son imprescriptibles y se siguen investigando a más de cuatro décadas del fin de la dictadura.
Con este nuevo allanamiento, el expediente a cargo de Rafecas suma una instancia más en el esfuerzo por reconstruir responsabilidades, circuitos represivos y complicidades económicas del terrorismo de Estado. La expectativa en tribunales es que, si se encuentran documentos de valor, puedan aportar información clave para avanzar en la identificación de víctimas, el esclarecimiento de crímenes y la búsqueda de nietos y nietas que aún siguen desaparecidos.
