Piden citar a exadministrador de la Corte en causa por coimas

Avanza la causa por corrupción judicial en Rosario

Sede de la Justicia Federal en Rosario vinculada a la investigación por corrupción

NewsITe

La defensa del operador judicial Santiago Busaniche reclamó que la Justicia federal cite a declarar al exadministrador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Héctor Daniel Marchi, en el marco de la causa por presunta corrupción judicial que sacude a Rosario y que tiene como principal acusado al exjuez federal Marcelo Bailaque.

El pedido se formalizó en el expediente “Bailaque Marcelo Martín y otros”, donde se investigan supuestas maniobras de coimas y extorsión en la Justicia federal rosarina. Los abogados de Busaniche solicitaron no solo la citación de Marchi, sino también el secuestro de su teléfono celular y que se lo releve del juramento de decir verdad para resguardar su derecho a no autoincriminarse.

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Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales, el nombre de Marchi apareció en el expediente tras la declaración de un arrepentido: el ex titular de la AFIP en Santa Fe, Carlos Vaudagna. En audios incorporados a la causa, Vaudagna se habría referido a Marchi como “el colorado” en conversaciones mantenidas con Busaniche, lo que abrió una nueva línea de investigación sobre eventuales vínculos con las maniobras denunciadas.

Pedidos de medidas y ampliación de la investigación

La defensa del operador judicial también solicitó que se convoque a declarar a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron con él en la Corte Suprema desde 2019, incluidos secretarios, asistentes y asesores. Para ello, se pidió información formal al máximo tribunal con el fin de identificar a ese entorno de colaboradores.

En paralelo, se requirieron medidas para conocer el detalle de las inversiones y movimientos patrimoniales del exadministrador general, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), así como un informe pormenorizado de sus líneas telefónicas y comunicaciones desde 2019. Estas diligencias apuntan a determinar si existieron contactos o flujos económicos compatibles con las maniobras de extorsión que forman parte del expediente.

La causa tiene como figura central al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque, para quien los fiscales solicitaron una pena de 10 años de prisión por distintos delitos vinculados a corrupción judicial. A Busaniche, señalado como presunto intermediario en esas operaciones, se le pidió una condena de seis años.

Un entramado de coimas y extorsión en la Justicia rosarina

El expediente se enmarca en una investigación más amplia sobre el funcionamiento de la Justicia federal en Rosario, en un contexto ya atravesado por causas de narcotráfico y criminalidad organizada. Además de Bailaque y Busaniche, la causa involucra al financista Fernando Whpei y al juez Gastón Salmain.

En el caso de Salmain, su procesamiento con prisión preventiva fue recientemente confirmado por la Cámara Federal de Rosario, que avaló la hipótesis de los fiscales sobre la existencia de maniobras de coimas y extorsión. Los investigadores buscan reconstruir una presunta red en la que empresarios, operadores judiciales y magistrados habrían intervenido para torcer decisiones judiciales o favorecer a determinados imputados.

  • El exjuez Marcelo Bailaque enfrenta un pedido de 10 años de prisión.
  • El operador Santiago Busaniche podría recibir una condena de seis años.
  • El exadministrador de la Corte Héctor Marchi quedó bajo la lupa tras la declaración de un arrepentido.
  • También están implicados el financista Fernando Whpei y el juez Gastón Salmain.

La causa “Bailaque Marcelo Martín y otros” se convirtió en uno de los casos más sensibles sobre presunta corrupción judicial en Rosario y vuelve a poner bajo escrutinio el funcionamiento de los tribunales federales.

Con los nuevos pedidos de medidas y la posible citación de Marchi, la investigación entra en una fase clave. De la decisión que adopte el juzgado sobre estos planteos dependerá si se amplía el alcance de la causa hacia otros despachos y despachos de poder, en un contexto en el que la transparencia del sistema judicial vuelve a estar en el centro del debate público.

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