La investigación por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevos capítulos
NewsITe
La causa judicial que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, avanza con nuevas medidas de prueba centradas en las obras de refacción de su vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista que realizó los trabajos y reclamó una amplia batería de documentación vinculada a la propiedad y al flujo de dinero asociado.
Según trascendió en ámbitos judiciales, Matías Tabar, representante de la empresa Grupo AA, deberá presentarse a declarar el 24 de abril a las 9 en los tribunales de Comodoro Py. Su testimonio apunta a reconstruir el costo real de las obras, los términos del vínculo comercial y el origen de los fondos utilizados para financiar la remodelación de la casa que ocupa el funcionario en el exclusivo barrio privado bonaerense.
La Fiscalía también puso el foco en la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación en la que habrían intervenido jubiladas que financiaron parte de la compra. Estas personas fueron convocadas como testigos para que aporten explicaciones y respaldo documental sobre el dinero prestado a Adorni y las condiciones en que se concretó la operación inmobiliaria.
Qué documentación pidió el fiscal sobre las refacciones
Pollicita requirió que se presenten presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturas y comprobantes de pago relacionados con las refacciones de la casa en el country. Además, pidió información sobre las comunicaciones mantenidas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti —titular registral de la propiedad— con la empresa contratista y con la administración del barrio privado.
Uno de los puntos centrales es reconstruir el circuito del dinero. Por eso, el fiscal ordenó detallar la forma de pago de cada etapa de la obra: si se utilizaron transferencias bancarias, efectivo, cheques, tarjetas, permutas u otros instrumentos. También se exige identificar cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU y CVU vinculados a los pagos, así como montos, fechas y pagadores. A esto se suma el pedido de planos, renders, fotografías de la obra y toda comunicación con proveedores de materiales, incluyendo precios y fechas de compra.
Las expensas y el costo de ingreso al country
Otro eje de la pesquisa pasa por determinar quién abonó y con qué fondos se afrontaron las expensas y cargos extraordinarios del barrio privado. En particular, la Justicia busca precisar el pago de una tasa de ingreso de 5.000 dólares registrada el 30 de noviembre de 2024. La administración del country deberá aportar recibos, comprobantes de depósito, transferencias o pagos en efectivo, identificando a la persona o empresa que realizó la erogación y las cuentas involucradas.
Con todos estos elementos, la Fiscalía intentará reconstruir el origen y la trazabilidad de los fondos destinados tanto a la remodelación de la casa de Exaltación de la Cruz como al mantenimiento de la propiedad, en el marco de una causa que apunta a contrastar el patrimonio declarado por el funcionario con sus movimientos económicos reales.
Las jubiladas prestamistas, bajo la mirada judicial
La investigación también avanza sobre la compra del departamento en Caballito, donde cobran relevancia las jubiladas que habrían financiado una parte sustancial de la operación. Deberán presentarse como testigos Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, junto a Pablo Martín Feijoo —hijo de una de ellas— y al vendedor de la casa de Exaltación de la Cruz, Juan Consentino. Todos deberán aportar documentación sobre el origen de los fondos y las condiciones de los préstamos.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, las jubiladas le compraron previamente el inmueble al exfutbolista Hugo Morales y, en noviembre pasado, se lo vendieron a Adorni por 230.000 dólares. En la escritura se habría pactado un adelanto de 30.000 dólares y una financiación privada, sin intereses, por los 200.000 dólares restantes mediante una hipoteca, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de este año.
El fiscal reclamó además copias de las declaraciones juradas impositivas presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondientes a los períodos fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, o, en su defecto, la documentación que acredite la inexistencia de obligación de presentación. Con esa información, la Justicia buscará determinar si los ingresos declarados por las prestamistas son compatibles con los montos prestados y con la magnitud de las operaciones inmobiliarias investigadas.
La causa contra Manuel Adorni apunta a establecer si existe desfasaje entre su patrimonio formal y los movimientos económicos vinculados a propiedades en Caballito y Exaltación de la Cruz.
Con las declaraciones testimoniales y la documentación que se reúna en las próximas semanas, el fiscal Pollicita evaluará los próximos pasos del expediente, que se inscribe en una trama más amplia de control sobre el patrimonio y los negocios de los principales funcionarios del gobierno nacional.
