La resolución judicial que despeja sospechas en Tucumán
NewsITe
La Justicia federal desestimó una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en distintos municipios de Tucumán y concluyó que no existió delito. La decisión beneficia directamente al actual ministro del Interior provincial, Darío Monteros, quien por entonces se desempeñaba como intendente de Banda del Río Salí y había quedado bajo la lupa por movimientos financieros considerados inusuales.
La causa se había iniciado a partir de un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en base a reportes de operaciones sospechosas remitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF). Esos documentos advertían sobre extracciones y movimientos de fondos realizados por varias intendencias tucumanas, en el marco de un contexto político atravesado por el año electoral 2023.
Tras el análisis de la documentación y los descargos presentados, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz entendió que los hechos investigados no configuraban delito penal. En consecuencia, el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez dispuso el archivo del expediente al considerar que no había impulso por parte del Ministerio Público Fiscal, lo que en la práctica implica el cierre del caso en sede federal.
El rol de Monteros y el alcance político del fallo
Durante todo el proceso, Monteros defendió la transparencia de la operatoria financiera del municipio de Banda del Río Salí. Sostuvo que las extracciones señaladas como llamativas respondían, principalmente, al pago de haberes a personal que no se encontraba bancarizado, una práctica todavía frecuente en algunas administraciones locales del interior del país.
Esa explicación fue finalmente convalidada por la Justicia, que no encontró elementos para sostener la hipótesis de lavado de activos ni de desvío de fondos públicos. La resolución remarca que no se acreditaron irregularidades penales en la gestión de los recursos municipales durante el período analizado.
- El expediente abarcaba a varias intendencias de Tucumán, entre ellas Banda del Río Salí.
- Los movimientos cuestionados estaban vinculados al manejo de fondos en el año electoral 2023.
- La UIF había reportado operaciones que luego no fueron consideradas delictivas por la Justicia.
Fuentes cercanas al expediente señalaron que la decisión judicial “refuerza la legitimidad de las prácticas administrativas implementadas” y consolida el respaldo institucional a las gestiones locales alcanzadas por la investigación.
En el plano político, el archivo de la causa fortalece la posición de Monteros dentro del oficialismo tucumano, al despejar sospechas en torno a su desempeño como intendente y como actual ministro del Interior provincial. También envía una señal al resto de las administraciones municipales involucradas, que ven ratificada la legalidad de sus procedimientos en materia de pagos y movimientos de fondos.
De este modo, el cierre del expediente en la Justicia federal se transforma en un antecedente relevante para futuras discusiones sobre el control de los recursos públicos en las provincias y el funcionamiento de los organismos de fiscalización financiera.
