Porteños con prioridad en turnos y servicios de la Ciudad
NewsITe
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó, mediante el decreto N°142-26 firmado por el jefe de Gobierno Jorge Macri y el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, la ampliación de la denominada “Prioridad Porteña” para el acceso a los servicios que brinda la administración pública local. A partir de esta medida, los vecinos con domicilio en la Capital Federal tendrán prioridad frente a bonaerenses y extranjeros al momento de solicitar turnos, cupos, vacantes u otras prestaciones administrativas.
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La decisión profundiza una política iniciada en marzo de 2025, cuando se dispuso prioridad de atención para residentes porteños en toda la red de hospitales públicos de la Ciudad. Ahora, ese criterio se extiende a la totalidad de los servicios estatales locales y es presentado por el Ejecutivo como un reconocimiento a quienes habitan y tributan en territorio porteño.
“Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”, sostuvo Jorge Macri en un mensaje difundido en su cuenta de X, al que accedió Noticias Argentinas. Según explican en el Gobierno porteño, el objetivo es ordenar la demanda y priorizar a quienes sostienen el sistema con sus impuestos.
Alcances, límites y excepciones del nuevo esquema
Desde la administración capitalina remarcan que la prioridad no implica negar ni restringir el acceso a los servicios a quienes no residen en la Ciudad, sino establecer un orden en la atención administrativa. El criterio, señalan, se aplicará con pautas de razonabilidad y proporcionalidad, y no regirá en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria, donde la atención debe ser inmediata e igualitaria sin distinción de domicilio.
En materia de salud, la Ciudad destaca que en 2025 el sistema público realizó más de 30 millones de prestaciones y que, desde el inicio de la actual gestión, la oferta de consultas aumentó un 30%. El mayor incremento se registró en el área quirúrgica, con más de 12.000 intervenciones adicionales, cifras que son usadas por el Ejecutivo como respaldo para justificar la necesidad de reorganizar la demanda.
El jefe de Gobierno fue más allá al afirmar que con esta medida se “pone un límite a una injusticia disfrazada de solidaridad”. Según describió, había personas que no vivían en la Ciudad y realizaban “tours sanitarios” en los hospitales porteños, cuyo costo, insistió, recaía sobre los contribuyentes locales. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, sentenció.
Coordinación con la Provincia y debate político
Quedan excluidas de este esquema las cuestiones vinculadas a la seguridad pública, que continuarán funcionando con los criterios actuales. En paralelo, la Jefatura de Gabinete coordinará con cada ministerio y organismo del Ejecutivo porteño la adecuación de sus procedimientos internos para aplicar la nueva prioridad de atención a los vecinos de la Ciudad.
En este contexto, el Gobierno porteño volvió a reclamarle al gobernador bonaerense Axel Kicillof que la Provincia de Buenos Aires se haga cargo del costo de la atención de bonaerenses en situación de calle que reciben asistencia en la Capital. Citan para ello el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que establece que la atención de personas en situación de calle es responsabilidad de cada jurisdicción. Desde la Ciudad sostienen que la provincia no estaría cumpliendo con esa obligación, lo que suma tensión al vínculo político entre ambas administraciones.
“Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS. Desde ahora, cada área y cada servicio del Gobierno de la Ciudad va a funcionar con ese criterio”, afirmó Jorge Macri.
El nuevo esquema de prioridad porteña reabre el debate sobre cómo deben financiarse y organizarse los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una región donde los flujos cotidianos de población entre la Ciudad y el conurbano vuelven difusas las fronteras administrativas pero mantienen tensiones permanentes en materia fiscal y de gestión.
