Sesión tensa y avance oficialista sobre la norma ambiental
NewsITe
En una jornada cargada de tensión dentro y fuera del Congreso, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y un amplio arco de aliados se encamina a sancionar la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que habilita mayor margen para la actividad minera en zonas periglaciares y divide aguas en el tablero político y ambiental del país.
La sesión en la Cámara de Diputados contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Innovación Federal, bloques provinciales como Elijo Catamarca y Producción y Trabajo (San Juan), además de monobloques y varios integrantes de Provincias Unidas. Son, en líneas generales, los mismos espacios que aportaron el quórum inicial y que ahora se disponen a respaldar el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
En el arranque, la oposición intentó sin éxito incorporar al temario iniciativas de fuerte contenido político: el Frente de Izquierda y Unión por la Patria buscaron repudiar el retiro de acreditaciones a medios de comunicación dispuesto por el Gobierno nacional, mientras que otros legisladores pidieron debatir proyectos para fijar una postura de neutralidad frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Ninguna de estas mociones alcanzó la mayoría necesaria.
Choque político por Adorni, Milei y la agenda internacional
Unión por la Patria también intentó interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero la maniobra fue bloqueada con los votos del PRO, la UCR y otros aliados del oficialismo. En la misma línea, fue rechazada una moción para tratar proyectos vinculados al denominado caso Libra, que buscaban citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al propio Adorni.
Con esas discusiones saldadas, la atención volvió al núcleo del debate: la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave en la política ambiental argentina que establece los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares, fundamentales como reservas estratégicas de agua dulce.
Argumentos a favor: desarrollo minero y “aclaración de conceptos”
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el libertario sanjuanino José Peluc, fue el miembro informante del dictamen de mayoría. Defendió la reforma y puso en valor la audiencia pública realizada a fines de marzo, a pesar de que la mayoría de los expositores se pronunció en contra del proyecto. Para el oficialismo, el nuevo texto no debilita la protección de los glaciares, sino que busca precisar definiciones y permitir que las provincias realicen estudios de mayor detalle sobre los ambientes periglaciares.
Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, insistió en que la modificación “no viola el principio de no regresión ambiental” y sostuvo que el IANIGLA seguirá teniendo un rol central en el inventario de glaciares. Según su mirada, el cambio apunta a armonizar competencias entre Nación y provincias, manteniendo la prohibición de intervenir sobre los cuerpos de hielo inventariados salvo pruebas técnicas que lo justifiquen.
Críticas: retroceso ambiental y cuestionamientos constitucionales
La oposición, sin embargo, denuncia un fuerte retroceso en materia de protección ambiental. Legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica alertaron sobre el impacto de la reforma en las reservas de agua y acusaron al Gobierno de ceder ante presiones de empresas mineras.
La diputada y científica Adriana Serquis sostuvo que el proyecto se apoya en información “no científica” y expuso que, aunque los glaciares ocupan apenas alrededor del 1% de la cordillera, son vitales para alimentar cuencas de las que dependen millones de personas. En la misma línea, Germán Martínez reclamó una mirada “nacional y de concertación” y advirtió que transferir mayores facultades a las provincias, sin coordinación federal, puede fragmentar la política ambiental.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro calificó la reforma como “una de las peores leyes” tratadas en el Congreso en los últimos años. Afirmó que el texto es inconstitucional porque vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que ordena al Congreso fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental, y acusó a las empresas mineras de haber tenido un rol decisivo en la redacción del proyecto.
Agua, minería y modelo de desarrollo en el centro del debate
Otras voces opositoras, como la del diputado de izquierda Néstor Pitrola, advirtieron que la flexibilización normativa abre la puerta a una mayor presión de los “monopolios mineros” sobre recursos estratégicos como el agua, en un contexto de crisis climática y retroceso de glaciares a escala global. Desde sectores dialoguistas, como el MID, se reconoció la necesidad de inversiones productivas, pero se marcó preocupación por la posibilidad de desinventariar glaciares, algo que consideran inaceptable desde el punto de vista hídrico.
El experimentado legislador Miguel Pichetto recordó que acompañó la ley original de 2010 y se manifestó en contra de los cambios actuales por entender que no se presentan nuevos argumentos técnicos de peso para modificar un esquema que, según recordó, no impidió el crecimiento de la actividad minera en los últimos años.
En uno de los discursos más duros de la jornada, Juan Grabois equiparó la reforma con “poner a Yiya Murano en el tanque de agua” de los argentinos, al denunciar que se estaría reemplazando una política de Estado basada en conocimiento científico por un esquema “terraplanista y oscurantista” sometido a presiones económicas.
“Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”, lanzó Juan Grabois durante el debate.
Con posiciones irreconciliables sobre el equilibrio entre desarrollo minero y preservación ambiental, el oficialismo confía en reunir los votos para aprobar la reforma, mientras organizaciones socioambientales, académicos y sectores de la oposición ya anticipan una fuerte judicialización y nuevas movilizaciones en defensa de los glaciares y las reservas de agua del país.
