La fiscalía avanza sobre los viajes del jefe de Gabinete
NewsITe
La Justicia federal volvió a poner la mira en los movimientos migratorios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la sospecha de un posible viaje a Aruba durante el cambio de año 2024-2025. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsa nuevas medidas de prueba para determinar si el funcionario efectivamente estuvo en la isla caribeña y bajo qué condiciones se habría realizado ese desplazamiento.
Según pudo saber Noticias Argentinas, Pollicita presentó un dictamen ante el juez federal Ariel Lijo en el que solicita ampliar la información disponible sobre las salidas y entradas del país de Adorni. El eje de la presentación está en los registros oficiales de Migraciones y en la operatoria del avión privado que ya había quedado bajo escrutinio por otros viajes del funcionario.
La investigación se concentra en reconstruir el itinerario de viajes del jefe de Gabinete desde el 1 de enero de 2023 hasta la actualidad, con especial atención en las fechas entre el 12 y el 17 de febrero de 2026. Los investigadores buscan determinar si en ese período se concretaron vuelos vinculados tanto a vacaciones como a actividades oficiales, y si se utilizaron recursos privados o estatales.
Pedidos a Migraciones y a la empresa dueña del avión
En su dictamen, el fiscal reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tenga acceso al expediente y solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que remita todos los registros de entradas y salidas del país de Adorni. El mismo requerimiento se extiende al periodista Marcelo Grandío, mencionado en la causa por el presunto pago de vuelos privados, y a otras personas que habrían viajado junto al funcionario.
Hasta el momento, Migraciones sólo informó la existencia de un viaje a Perú y un retorno desde Ecuador vinculados a Adorni, sin constancia formal de un vuelo hacia Aruba. Un elemento que analizan los investigadores es que, para la época en cuestión, no existían vuelos directos de la aerolínea de bandera hacia la isla caribeña, lo que refuerza la hipótesis de la utilización de aeronaves privadas o conexiones a través de terceros países.
Pollicita también solicitó información a la empresa propietaria del avión privado que habría sido utilizado en distintos desplazamientos del jefe de Gabinete. El objetivo es establecer con precisión quién contrató los servicios, quién los pagó y si existieron beneficios indebidos o eventuales incompatibilidades con la función pública.
El rol de la familia de Adorni y el antecedente de Punta del Este
Además del jefe de Gabinete, el requerimiento del fiscal incluye los movimientos migratorios de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y de toda persona que haya compartido vuelos o viajes vinculados a la investigación. La pesquisa intenta determinar si hubo un patrón de traslados privados para fines turísticos o personales financiados por terceros vinculados a medios de comunicación o al Estado.
La causa comenzó a partir de un viaje a Punta del Este registrado durante el fin de semana largo de carnaval, en febrero, realizado en un vuelo privado. De acuerdo con las constancias del expediente, la factura por ese servicio tiene fecha del 4 de marzo y habría sido abonada por Marcelo Grandío o por una productora relacionada con la Televisión Pública. Ese antecedente es hoy una pieza clave en la reconstrucción de los eventuales beneficios que pudo haber recibido el funcionario.
Mientras la Justicia avanza en la recopilación de datos y la evaluación de responsabilidades, el tema se instaló en la discusión pública sobre transparencia y uso de recursos en la alta función pública. La oposición ya anticipó que llevará el asunto al recinto cuando Adorni se presente en el Congreso.
Adorni deberá dar explicaciones en el Congreso
En paralelo al frente judicial, el jefe de Gabinete tiene por delante una cita política clave: el 29 de abril deberá asistir a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión. En esa sesión especial, se espera que enfrente un fuerte cuestionario de los bloques opositores, que incluirá preguntas sobre sus viajes, las eventuales vacaciones en el exterior y el presunto financiamiento de vuelos privados.
El informe de gestión es una obligación constitucional del jefe de Gabinete y, en este contexto, se perfila como un escenario central para que el funcionario intente despejar sospechas o, al menos, explique su versión respecto de los movimientos bajo investigación. La sesión podría aportar nuevos elementos políticos que, a su vez, influyan en el desarrollo de la causa judicial que hoy impulsa el fiscal Pollicita.
La investigación sobre los viajes de Adorni combina frentes judiciales y políticos, y promete seguir marcando la agenda en las próximas semanas.
Con más pedidos de informes en curso y la participación de la PIA, la causa se encamina a una etapa de definición en la que los registros migratorios, los contratos de vuelos privados y las declaraciones de los involucrados serán determinantes para establecer si hubo o no irregularidades.
