La oposición apunta a posibles privilegios en préstamos oficiales
NewsITe
La Coalición Cívica impulsó una denuncia penal para que la Justicia investigue el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco de la Nación Argentina a funcionarios del Gobierno y a legisladores oficialistas. La presentación fue realizada por la diputada nacional Mónica Frade, quien plantea la posible existencia de irregularidades, conflictos de intereses y eventuales perjuicios para la entidad financiera pública.
De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, habrían accedido a préstamos de entre 100 y 500 millones de pesos distintos funcionarios y dirigentes: Juan Pablo Carreira (Oficina de Respuesta Oficial), Pedro Inchauspe (Banco Central), Felipe Núñez (BICE), el secretario de Finanzas Federico Furiase, además de los diputados libertarios Mariano Campero, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni, entre otros. Varios de ellos están señalados por montos que superan ampliamente los 100 millones de pesos.
En su escrito, Frade remarcó que la denuncia se funda en la “profusa información pública” difundida en medios gráficos, radiales y televisivos sobre “miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aun delictivas”. Por ello, reclamó que se le dé impulso a una investigación penal para determinar si se violaron normas internas del banco y disposiciones legales vigentes.
Qué pide la Coalición Cívica a la Justicia
La presentación judicial solicita que se libre oficio al Banco Nación para obtener los legajos crediticios completos de todos los funcionarios y legisladores mencionados, así como la documentación vinculada a otras eventuales operaciones similares. También reclama el envío de las actas de Directorio en las que se aprobaron esos préstamos, con el fin de reconstruir el proceso de decisión dentro de la entidad.
Además, Frade pide la intervención de peritos contadores de la Justicia Nacional para que analicen si existieron perjuicios económicos para el Banco Nación, ya sea por condiciones más favorables que las habituales, por eventuales incumplimientos de estándares crediticios o por cualquier otra ventaja impropia. La denuncia también apunta a determinar si hubo violaciones a la Carta Orgánica del banco y a sus manuales de procedimientos.
Funcionarios y diputados rechazan que haya habido privilegios
Frente al avance de la denuncia, algunos de los involucrados salieron públicamente a responder. El diputado libertario Mariano Campero calificó la acusación como “maliciosa” y sostuvo que su préstamo no fue ni discrecional ni excepcional. Según explicó, se trató de una línea hipotecaria en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) disponible para cualquier ciudadano argentino que cumpliera con las condiciones exigidas por el Banco Nación.
Campero señaló que el número de crédito, el banco otorgante y la documentación respaldatoria son públicos y pueden ser verificados. Precisó que obtuvo el préstamo en mayo del año pasado por 275 millones de pesos, dinero que destinó a la compra de la primera vivienda familiar en la ciudad de Yerba Buena. Detalló, además, que por la actualización de las UVAs según la inflación, la deuda hoy asciende a unos 322 millones de pesos.
En la misma línea, el diputado Alejandro Bongiovanni rechazó haber recibido condiciones especiales. Afirmó que es “falso” que haya tomado una deuda hipotecaria con tasas o plazos diferentes a los generales y remarcó que el crédito se otorgó con una tasa del 4,5% anual, vigente a mediados del año pasado para todos los clientes que perciben sus haberes en el banco. Recordó que se trata de un préstamo en UVAs ajustado por inflación mensual.
“Fue un crédito bajo las condiciones generales de ese momento, como hicieron decenas de miles de personas en 2025”, aseguró Bongiovanni al defenderse de las acusaciones.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si los créditos investigados se ajustaron a la normativa, si hubo trato preferencial hacia funcionarios y legisladores o si, por el contrario, se trata de operaciones enmarcadas dentro de las líneas abiertas al público en general por el Banco Nación.
