Caso Propofol: una médica en el centro de las miradas
NewsITe
La investigación por el denominado “Caso Propofol” sumó en los últimos días un nuevo nombre clave: Chantal “Tati” Leclercq, médica residente en anestesiología, cuyo testimonio y vínculos profesionales la ubicaron en el radar judicial, aunque por el momento no está imputada en la causa.
El expediente se originó tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar en la Ciudad de Buenos Aires y derivó en una pesquisa más amplia sobre presunto desvío y uso indebido de fármacos hospitalarios, entre ellos propofol y fentanilo, sustancias de uso estrictamente médico y bajo control.
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Leclercq declaró ante la Justicia que mantenía una relación de amistad con Zalazar, a quien conoció durante su residencia en el Hospital Rivadavia. En ese marco, admitió haber consumido propofol con él “en una oportunidad” fuera del ámbito hospitalario, un dato que reforzó las sospechas sobre posibles consumos recreativos de fármacos destinados a uso clínico.
Su nombre también aparece ligado a la médica Delfina “Fini” Lanusse, imputada en la causa por el presunto robo de medicamentos. Ambas compartían espacios académicos en la Universidad Austral y coincidieron en ámbitos laborales, lo que para los investigadores configura un círculo profesional y personal dentro del cual se habría producido el acceso a los fármacos bajo sospecha.
Una pieza de enlace en una trama bajo investigación
Aunque Leclercq no enfrenta cargos penales, su rol es observado por la Justicia como el de un posible nexo entre distintos protagonistas del caso. Los investigadores intentan determinar si existió una red informal de obtención y consumo de drogas de uso médico fuera del circuito sanitario regulado, y hasta qué punto se vulneraron protocolos de seguridad en hospitales y centros de salud.
El avance de la causa puso bajo la lupa el sistema de control de medicamentos de alto riesgo, especialmente aquellos utilizados en anestesia y terapia intensiva. El uso extrahospitalario de propofol y fentanilo no solo está prohibido, sino que implica un serio riesgo para la salud por su potente efecto depresor sobre el sistema nervioso central.
- La muerte de Zalazar fue el punto de partida de la investigación.
- Se analizan posibles desvíos de fármacos desde instituciones sanitarias.
- Profesionales de la salud integran el núcleo principal de la pesquisa.
La Justicia procura establecer si hubo una red organizada para acceder a fármacos de uso hospitalario y emplearlos fuera de los parámetros legales y médicos establecidos.
Mientras se esperan nuevas medidas probatorias, el “Caso Propofol” reabre el debate sobre los controles en el sistema de salud, la responsabilidad de los profesionales y la necesidad de reforzar la trazabilidad de medicamentos críticos para evitar que lleguen a circuitos no autorizados.
