Intendentes de todo el país advierten por una crisis fiscal sin precedentes
NewsITe
Intendentes de distintas fuerzas políticas y de provincias de todo el país se reunieron en Paraná, Entre Ríos, en el marco del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), donde firmaron un documento en el que denunciaron una “asfixia financiera crítica” de los municipios y acusaron al Gobierno nacional de retirarse de funciones esenciales del Estado.
La anfitriona del encuentro, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, defendió la administración local de los recursos y cuestionó la narrativa oficial que responsabiliza a provincias y municipios por la presión fiscal. Según sostuvo, los gobiernos locales mantienen presupuestos equilibrados y no incurren en endeudamiento excesivo, pero se ven afectados por el retiro de fondos nacionales y la reducción de transferencias claves para el funcionamiento cotidiano.
En la misma línea se expresó el intendente de La Plata, Julio Alak, quien aseguró que su distrito es “uno de los más discriminados de la Argentina” y remarcó que se desfinanciaron programas vinculados con la seguridad, la educación, la salud y el fortalecimiento municipal. “Los municipios estamos sosteniendo lo que la Nación abandona”, afirmó, y denunció que el Gobierno no sólo disminuye aportes, sino que además pretende avanzar sobre las potestades tributarias locales.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, puso el foco en el “déficit social” que deja el ajuste nacional, con un incremento de la demanda en salud y asistencia social que terminan cubriendo los gobiernos locales. Señaló que la reducción de programas sanitarios nacionales, como planes de provisión de medicamentos y la desfinanciación de sistemas públicos, obliga a los municipios a redireccionar recursos para atender emergencias sociales cada vez más extendidas.
Un documento con fuertes críticas al esquema de distribución de recursos
El texto consensuado por los jefes comunales advierte que, mientras se agrava la crisis que afecta a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los municipios deben responder a más demandas con menos fondos. Cuestionan que la Nación retenga recursos que corresponden a provincias y gobiernos locales, y reclaman una reforma profunda del federalismo fiscal argentino.
Según el documento, la incidencia impositiva de los municipios ronda el 3% del total, frente al 75% que recauda el Estado nacional. Sin embargo, se señala que se interrumpen o reducen transferencias, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuya distribución —denuncian— se mantiene discrecional y sin contemplar de manera directa a los municipios, pese a que son el primer eslabón de respuesta ante las necesidades de la población.
- Reclamo por la caída real de la coparticipación federal en los primeros meses de 2026.
- Denuncia por el recorte de fondos para salud, educación, transporte y programas sociales.
- Exigencia de reformular los ATN y garantizar criterios objetivos de reparto.
- Advertencia por el cierre de más de 22.600 empresas y el aumento del desempleo.
Los intendentes también remarcaron asimetrías en la devolución de recursos. El rosarino Pablo Javkin ejemplificó que, de lo que genera su ciudad en IVA, Ganancias e Impuestos a los Combustibles, sólo retorna alrededor del 7%. En paralelo, señalaron que el interior quedó sin aportes derivados de los combustibles que sí se siguen destinando al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para subsidiar el transporte público.
“Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. El esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, sintetiza el documento final del COFEIN.
Con la participación de intendentes presenciales y remotos de casi todas las regiones del país, el encuentro en Paraná concluyó con la ratificación de un reclamo conjunto: abrir una discusión de fondo sobre el sistema de coparticipación y la distribución de recursos, para adecuarlo a las responsabilidades efectivas que asumen los gobiernos locales en materia de salud, educación, infraestructura y contención social.
