La Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó un fallo previo y avaló la herramienta impulsada por el Gobierno nacional para regular las manifestaciones.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia del denominado “protocolo antipiquetes” y dejó sin efecto una decisión previa que había suspendido su aplicación. Se trata de la herramienta diseñada por el Ministerio de Seguridad para ordenar la protesta social.
El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, integrantes de la sala II de ese fuero, quienes revocaron la resolución del juez Martín Cormick, que en diciembre había declarado la nulidad del protocolo.
Cormick había considerado que la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se había excedido en sus competencias al dictar la resolución 943/2023, al entender que no se trataba solo de una directiva para fuerzas federales, sino de una intromisión en facultades del Congreso.
Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y sostuvo que la medida no vulnera derechos constitucionales. En ese sentido, los jueces afirmaron: “Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”.
En la misma línea, los magistrados remarcaron que la norma busca garantizar la libre circulación. “La resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”, señalaron en el fallo.
Tras la decisión judicial, desde el Ministerio de Seguridad destacaron la resolución. “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley”, indicaron en un comunicado.
El protocolo, que establece entre sus principales medidas la prohibición de cortes de calles durante manifestaciones, se aplica desde el inicio de la actual gestión nacional.
Desde su implementación, los cortes de calle disminuyeron, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que sectores de la oposición cuestionan la herramienta y la vinculan con una política restrictiva de la protesta social.
