El Congreso reactiva la discusión sobre el derecho a morir dignamente
NewsITe
La discusión sobre una Ley de Eutanasia en Argentina volvió a instalarse en la agenda pública a partir del caso de la española Noelia Castillo Ramos, quien accedió a una muerte asistida autorizada por el sistema de salud de su país. En el Congreso nacional, distintos bloques ya presentaron iniciativas que buscan ir más allá de la Ley de Muerte Digna vigente desde 2012 y habilitar, bajo estrictas condiciones, la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido.
Actualmente rigen en el país los lineamientos de la Ley 26.742, que garantiza el derecho a rechazar tratamientos médicos desproporcionados o que prolonguen la agonía, lo que se conoce como eutanasia pasiva. Esa normativa permite, por ejemplo, suspender la hidratación o la alimentación artificial en pacientes adultos que así lo soliciten. Sin embargo, el Código Penal todavía prohíbe de forma expresa cualquier tipo de ayuda para provocar la muerte, de modo que el suicidio asistido carece de regulación y continúa siendo un delito.
En este contexto, al menos tres proyectos que conservan estado parlamentario buscan crear un marco legal específico para la eutanasia y la asistencia médica para morir. Las iniciativas pertenecen a la exsenadora rionegrina Silvina García Larraburu, al diputado de Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto y al diputado del PRO Martín Ardohain. Aunque difieren en algunos detalles, coinciden en reconocer el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en casos de enfermedad grave, sufrimiento insoportable o deterioro irreversible de la calidad de vida.
El proyecto de García Larraburu: un régimen integral de eutanasia
La propuesta de García Larraburu, titulada “Régimen para la Regulación de la Eutanasia y el Suicidio Médicamente Asistido”, fue presentada en noviembre de 2023. Plantea que toda persona pueda solicitar y recibir asistencia médica para poner fin a su vida de manera digna, voluntaria e informada. El texto remarca que el profesional de la salud que actúe dentro de los procedimientos establecidos no será punible ni en el plano penal ni en el civil.
El proyecto detalla que el paciente puede revocar su decisión en cualquier momento del proceso, sin expresar motivos y mediante cualquier forma que exprese de manera inequívoca su voluntad. Si se arrepiente, no podría volver a pedir la aplicación del procedimiento en el futuro, una cláusula que busca evitar presiones externas y garantizar que el pedido responda a una decisión firme y reflexionada.
En el caso de menores de edad, la iniciativa prevé que la solicitud la realicen los padres o tutores legales, con intervención obligatoria de la Defensoría de Menores e Incapaces. Para personas declaradas incapaces por la Justicia, se exige además la intervención del juez competente. Según la exsenadora, la Argentina “no puede permanecer al margen” de un debate que ya avanzó en varios países y que, a su criterio, se vincula de manera directa con la dignidad de las personas.
La iniciativa de Pichetto: libertad individual y marco de control
El proyecto impulsado por Miguel Ángel Pichetto, presentado en 2024, se denomina “Régimen Legal de Asistencia para Terminar con la Vida Propia”. Su eje central es reconocer que la decisión sobre la propia vida forma parte de la esfera de la libertad individual, siempre que la persona se encuentre en pleno uso de sus facultades y actúe sin coerción.
El texto habilita la eutanasia activa mediante la administración directa de una sustancia o de los medios necesarios por parte del médico responsable. También contempla la modalidad indirecta, en la que el profesional prescribe o entrega los medicamentos para que el paciente los autoadministre, lo que se enmarca en la figura de suicidio médicamente asistido.
En relación a menores e incapaces, el proyecto establece que los adolescentes de 16 a 18 años tienen plena capacidad para prestar su consentimiento, aunque el médico debe valorar la participación de los padres o tutores. Para personas incapaces se requiere el acuerdo del curador y la autorización judicial. En menores de 16 años, la eutanasia sólo sería posible en la fase final de una enfermedad terminal o ante un sufrimiento extremo, con evaluaciones médicas rigurosas.
El texto de Ardohain: equipos interdisciplinarios y control estricto
La tercera iniciativa, presentada por el diputado del PRO Martín Ardohain, se titula “Ley de Regulación de la Eutanasia y la Asistencia Médica para Morir”. El proyecto procura garantizar que cualquier persona pueda transitar con dignidad el proceso de morir, priorizando la libertad de decisión, la ausencia de presiones externas y la seguridad jurídica.
La solicitud de asistencia para morir debe ser voluntaria, libre, expresa e informada, y presentarse por escrito con datos personales, diagnóstico y descripción del estado de salud. El pedido es evaluado por un equipo interdisciplinario que analiza si se cumplen los requisitos legales, éticos y clínicos. Antes de concretar el procedimiento, el paciente debe reafirmar su voluntad de manera clara.
Para menores de 16 años se exige, además de la autorización de los padres o tutores, una evaluación médica y psicológica que corrobore que el niño comprende el alcance de su decisión. El personal de salud puede administrar directamente los medios para la eutanasia o facilitar al paciente los recursos para que se los autoadministre. La persona puede revocar su pedido en cualquier momento, lo que implica el cese inmediato y definitivo de las actuaciones.
El proyecto también refuerza las sanciones para quien instigue o ayude a otro a suicidarse fuera del marco legal, con penas de uno a cuatro años de prisión. Tanto esta como las demás propuestas abren un debate sensible que cruza cuestiones éticas, religiosas, médicas y jurídicas, y que pone en el centro el equilibrio entre la protección de la vida y el respeto por la autonomía individual.
