Endurecen penas para menores en la “guerra” contra las pandillas
NewsITe
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una controvertida reforma que incorpora la prisión perpetua para menores de 18 años condenados por homicidio, violación o delitos ligados al terrorismo y a las pandillas. La medida se enmarca en la política de mano dura impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien desde hace cuatro años mantiene una declarada “guerra” contra las maras.
La modificación a la Ley Penal Juvenil incorpora la pena máxima dentro de un “catálogo excepcional” para adolescentes en conflicto con la ley, lo que supone un endurecimiento sin precedentes del régimen penal juvenil en ese país. La reforma también elimina la aplicación del procedimiento especial que regía para menores en casos de delitos graves, equiparando en los hechos el tratamiento de muchos adolescentes con el de los adultos.
Según el texto aprobado, la prisión perpetua será aplicable exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, categoría en la que se incluye a los integrantes de pandillas. La enmienda constitucional fue ratificada con el apoyo de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral, una mayoría abrumadora que refleja el respaldo legislativo a la estrategia de seguridad de Bukele.
Aun así, la norma prevé revisiones periódicas de las condenas perpetuas, con el objetivo de evaluar el nivel de rehabilitación de los condenados y el riesgo que representen. En función de esos informes, la Justicia podrá considerar la posibilidad de otorgar una “libertad controlada” bajo condiciones estrictas, aunque los detalles de esos mecanismos aún generan interrogantes en la comunidad jurídica.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
La aprobación de la prisión perpetua para menores llega en un contexto de fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, que acusan al gobierno salvadoreño de cometer posibles crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción y de su política de seguridad. Diversas ONG ven en esta reforma un nuevo retroceso en materia de garantías para niños, niñas y adolescentes.
Especialistas en justicia juvenil advierten que el endurecimiento del castigo no resuelve por sí mismo las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, y alertan por el riesgo de que adolescentes sean sometidos a condenas desproporcionadas. También señalan que la reforma podría entrar en tensión con estándares internacionales de protección de la infancia.
Un debate que trasciende fronteras
- La reforma fue aprobada el 17 de marzo y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
- El gobierno la presenta como una herramienta clave para evitar que miembros de pandillas vuelvan a las calles.
- Organismos internacionales observan con preocupación el impacto de estas políticas en los derechos de adolescentes.
“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, afirmó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, al celebrar la aprobación de la reforma.
Con esta decisión, El Salvador se ubica entre los países con legislación más dura en materia penal juvenil, en un contexto regional donde el debate sobre seguridad y castigos a menores de edad también se replica. La evolución de esta reforma y su implementación práctica serán seguidas de cerca por la comunidad internacional y por los defensores de derechos humanos.
