Casa Rosada acusa a Kicillof por el costo del juicio por YPF
NewsITe
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, salió con dureza a cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof tras el fallo en la causa por la expropiación de YPF en tribunales de Nueva York. A través de un pronunciamiento de la Oficina de Respuesta Oficial, la Casa Rosada acusó al mandatario provincial de “mentir descaradamente” y lo responsabilizó por haber expuesto al país a un escenario de alto riesgo financiero.
En el texto difundido por el oficialismo, Kicillof fue calificado como un “fracasado ex ministro”, en referencia a su rol al frente del Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se concretó la estatización de la petrolera. Según la actual administración, las decisiones de aquel entonces derivaron en un litigio internacional que se extendió por más de doce años y que implicó costos millonarios para el Estado argentino.
El comunicado oficial señala que la estrategia adoptada en 2012 “sumió al país en un juicio de doce años en Nueva York que costó más de 50 millones de dólares y expuso el patrimonio de todos los argentinos a un riesgo de tener que pagar 18.000 millones de dólares”. En ese marco, el gobierno de Milei sostiene que lo que hoy Kicillof presenta como un éxito judicial “fue, en realidad, una bomba de tiempo” que debió ser manejada por el equipo jurídico actual.
Desde la Casa Rosada remarcan que, de no haberse implementado una defensa “seria y responsable”, la supuesta “negligencia absoluta” del entonces ministro podría haber desembocado en “una catástrofe financiera irreversible para la Argentina”. El pronunciamiento se inscribe en una larga disputa política y discursiva entre el oficialismo libertario y el gobernador bonaerense, uno de los principales referentes de la oposición kirchnerista.
Críticas por el clima de inversión y el impacto económico
En otro tramo del comunicado, el Gobierno nacional vincula directamente las políticas de Kicillof con un deterioro del clima de negocios y de la llegada de capitales al país. Según la versión oficial, sus decisiones habrían generado “un contexto de inseguridad jurídica brutal” que, durante más de una década, ahuyentó inversiones clave, especialmente en el sector energético.
El texto menciona, a modo de ejemplo, el desarrollo de Vaca Muerta, que –de acuerdo con la visión del actual Gobierno– avanzó con lentitud en esos años y dejó a “miles de sectores productivos paralizados”. En la misma línea, responsabiliza a Kicillof de “gran parte de la decadencia y la penuria” que los argentinos atravesaron en la última década, al asegurar que la falta de nuevas empresas y proyectos se vincula con su accionar “irresponsable e insensato”.
- El oficialismo acusa a Kicillof de haber generado un litigio externo prolongado y costoso.
- Sostiene que hubo un riesgo potencial de una indemnización cercana a los US$ 18.000 millones.
- Cuestiona el impacto de sus políticas en la llegada de inversiones y el desarrollo de Vaca Muerta.
- Plantea que el actual Gobierno actuó para reducir el daño financiero al país.
Además de cuestionar los antecedentes del ex ministro, el Gobierno reprocha que Kicillof “tenga la insolencia de presentarse como héroe” y atribuirse un triunfo que, según la Casa Rosada, no corrige el daño previo. El mensaje oficial insiste en que el fallo reciente no “borra ni un milímetro” de las consecuencias económicas y legales derivadas de la expropiación de YPF.
“Cuando este Gobierno hereda un problema, no importa su magnitud ni cuánto tiempo lleve pudriéndose, lo enfrenta y lo resuelve con firmeza. Porque la prioridad del Presidente Javier Milei es defender el patrimonio de los argentinos”, señala el texto difundido por la Oficina de Respuesta Oficial.
En el cierre del comunicado, el Poder Ejecutivo refuerza la idea de una ruptura con lo que considera prácticas del pasado: afirma que no utilizará cuestiones sensibles como YPF “como herramienta de propaganda”, sino que se enfocará en una estrategia jurídica y económica que, según su postura, busca minimizar los riesgos para el Estado. El intercambio con Kicillof reaviva la discusión sobre el costo político y económico de la estatización de la petrolera, un capítulo central de la historia reciente de la política energética argentina.
