El oficialismo reimpulsa el proyecto para derogar leyes “obsoletas”

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El Gobierno nacional volvió a enviar al Congreso el proyecto conocido como Ley Hojarasca, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar unas 70 normas consideradas obsoletas o restrictivas de libertades individuales, y eliminar el financiamiento estatal al Círculo de Legisladores y a la Federación Argentina de Municipios (FAM).
El texto había sido presentado en 2024, pero nunca llegó al recinto y terminó perdiendo estado parlamentario. Con la nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, el oficialismo confía en alcanzar los votos necesarios gracias a los acuerdos tejidoss con bloques como Fuerzas del Cambio, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo e Innovación Federal, según indicaron fuentes legislativas.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el recorte de recursos para la FAM, entidad que agrupa a intendentes de todo el país y que históricamente tuvo fuerte presencia de los denominados “barones del conurbano”. Actualmente, la federación es presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La iniciativa dispone que la FAM no podrá recibir fondos del Estado nacional ni de organismos descentralizados o sociedades con participación estatal, debiendo sostenerse con aportes de socios, donaciones y convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Fin del financiamiento estatal a entidades políticas y cambios en beneficios
En la misma línea, el proyecto también elimina el financiamiento estatal del Círculo de Legisladores. De aprobarse, la entidad que reúne a ex diputados y ex senadores sólo podrá sustentarse mediante cuotas sociales, contribuciones privadas, donaciones y legados, sin aportes provenientes del Estado nacional ni de organismos autárquicos o empresas con participación estatal.
Otra de las modificaciones relevantes apunta a una antigua ley vinculada a la actividad cinematográfica. La norma vigente establece sorteos entre compradores de entradas de cine, financiados con un impuesto al sector. El Gobierno argumenta que ese gravamen encarece los precios para el público y termina afectando a la industria, más aún cuando menos del 0,1% de los espectadores participa de los sorteos y los costos administrativos superan el valor de los premios.
Derogación de leyes históricas y debate sobre libertades civiles
El paquete de la Ley Hojarasca también incluye la derogación de normas de distintas épocas políticas. Entre ellas, una ley del primer gobierno de Juan Domingo Perón que fija penas de prisión para argentinos que cuestionen la situación de los derechos humanos en el país en foros internacionales.
- Una ley del gobierno de Juan Carlos Onganía que condicionaba la libertad de prensa al controlar el suministro de papel para diarios.
- La ley 19.787, del gobierno de Alejandro Lanusse, que imponía la difusión obligatoria de determinados tipos de música en medios de comunicación.
- La ley 20.120, también de Lanusse, que exigía aviso previo para reuniones públicas en espacios cerrados y habilitaba el ingreso policial.
- La ley 20.959, sancionada bajo la presidencia de Isabel Perón, que otorgaba libre circulación y libre estacionamiento a legisladores.
- La ley 20.983, de 1975, que obligaba a radios y canales de TV a dedicar al menos 60 minutos diarios a contenidos de interés turístico nacional.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el objetivo central de la Ley Hojarasca es “limpiar el ordenamiento jurídico de normas anacrónicas y ampliar el marco de libertades civiles y económicas”.
La discusión legislativa promete un fuerte contrapunto entre el oficialismo, que plantea la iniciativa como un gesto de modernización institucional, y la oposición, que ya anticipa cuestionamientos por el impacto de los recortes sobre la FAM y el Círculo de Legisladores. El debate en comisión será clave para determinar hasta dónde avanzará este nuevo intento de depuración normativa.

