Piden prisión y millonaria reparación para exoficial de la Armada
NewsITe
Un extesorero del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina enfrenta una posible condena de tres años de prisión y el pago de una reparación millonaria, tras ser acusado de haberse quedado con fondos provenientes del canon por el uso de un predio estatal en la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú.
De acuerdo con la información conocida en el expediente, el imputado es el capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz, quien se desempeñaba como responsable de la División Tesorería del Servicio de Hidrografía Naval. La causa investiga la presunta apropiación de alrededor de 1,8 millones de pesos correspondientes al canon anual que debía abonar la empresa concesionaria de un parque acuático instalado en terrenos de la Armada.
El juicio oral comenzó el 10 de febrero pasado y avanzó con la producción de pruebas documentales y testimoniales. En la audiencia celebrada este miércoles, la fiscalía y las querellas solicitaron una pena de tres años de prisión y una reparación económica estimada en 315,4 millones de pesos, que busca actualizar el perjuicio presuntamente ocasionado al Estado nacional.
Según la acusación, a fines de 2015 Tapia Ruiz habría intervenido de manera decisiva en el circuito de cobro del canon, aprovechando su rol clave dentro del organismo. Mediante una comunicación formal a la empresa, habría informado sobre supuestos cambios dispuestos por el Ministerio de Economía en la modalidad de pago, los cuales nunca existieron en la realidad.
Maniobras investigadas y rol del Servicio de Hidrografía Naval
La investigación sostiene que, a partir de esa nota, el pago del canon dejó de realizarse por transferencia bancaria —como se hacía habitualmente— y pasó a efectuarse a través de cheques emitidos a nombre del propio Servicio de Hidrografía Naval. Esa modificación habría permitido que los fondos no ingresaran correctamente a la cuenta recaudadora del organismo y, en cambio, fueran entregados directamente al imputado.
El parque acuático funcionaba en un predio costero de relevancia turística, lo que convertía al canon en una fuente significativa de ingresos para el Estado. Los investigadores remarcan que el presunto desvío de fondos no sólo impactó en el patrimonio público, sino que además vulneró los mecanismos de control interno de la Armada y de los organismos dependientes del Ministerio de Defensa.
- El hecho investigado se sitúa a fines de 2015.
- El monto original señalado es de 1,8 millones de pesos.
- La reparación reclamada supera los 315 millones de pesos.
- El predio en cuestión está ubicado en San Clemente del Tuyú.
Las maniobras habrían tenido como propósito evitar que el canon por el uso del predio estatal ingresara formalmente a la cuenta recaudadora del Servicio de Hidrografía Naval y, en su lugar, fuera percibido de manera directa por el entonces tesorero.
Tras el pedido de condena, el tribunal deberá evaluar las pruebas y los argumentos de las partes antes de dictar sentencia. La resolución será seguida de cerca por organismos de control y por el ámbito castrense, dado que el caso vuelve a poner en primer plano la transparencia en el manejo de fondos públicos y el funcionamiento de los sistemas de control en las estructuras del Estado.
