La AGN reactiva el control sobre el organismo regulador de medicamentos
NewsITe
La Auditoría General de la Nación (AGN) reactivó una investigación clave sobre el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el caso de fentanilo contaminado, uno de los episodios sanitarios más graves de los últimos años en la Argentina. El organismo de control avanzará con una auditoría de gestión para determinar eventuales fallas en los mecanismos de supervisión y trazabilidad de medicamentos.
Como parte de este proceso, la AGN convocó a familiares de las víctimas a un taller de planificación participativa que se realizará este jueves 26 de marzo, a las 10.30, en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es incorporar la mirada de los afectados directos al diseño del plan de auditoría, definiendo prioridades, ejes de análisis y documentación a relevar.
En un comunicado enviado a la prensa, la AGN señaló que la convocatoria se inscribe en “un contexto crítico”, marcado por una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales —incluidos el Ministerio de Salud, la ANMAT y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)— y por una comisión investigadora cuyos informes todavía no se tradujeron en respuestas efectivas ni en reformas estructurales del sistema de control.
Fallas en la detección y en los controles del opioide adulterado
De acuerdo con la investigación que encabeza el juez federal Ernesto Kreplak, la distribución de fentanilo adulterado dejó en evidencia una cadena de fallas: controles insuficientes en la producción, antecedentes desoídos sobre riesgos en los procesos industriales, debilidades en la detección temprana de irregularidades y un sistema de trazabilidad y retiro incapaz de reaccionar a tiempo ante la emergencia sanitaria.
Los datos reunidos por la Justicia Federal dan cuenta de la magnitud del caso. Durante la Feria Judicial se analizaron 159 situaciones vinculadas al consumo del opioide adulterado: 111 personas fallecieron y 48 lograron sobrevivir. El listado completo de víctimas fue remitido al Cuerpo Médico Forense a fines de enero, para profundizar los peritajes y determinar con precisión la relación causal con el medicamento contaminado.
En el expediente penal hay, hasta el momento, 14 personas procesadas y detenidas. Entre ellas se encuentra Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., señalado por la Justicia como “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” en relación con la muerte de al menos 20 personas, además de otros hechos en concurso real por la misma figura penal.
Responsabilidades empresariales y revisión del sistema de control
A García Furfaro se le imputa haber intervenido junto a integrantes de la planta de ambos laboratorios en decisiones vinculadas con la fabricación, distribución y comercialización del lote 31202 de fentanilo, destinado al sistema de salud público, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024. Ese lote es el que, según la pesquisa, habría llegado adulterado a pacientes y centros de salud.
La causa judicial sostiene que las adulteraciones se originaron en un proceso de fabricación atravesado por múltiples falencias, varias de ellas consideradas críticas. Pese a la existencia de alertas y señales internas, esas advertencias no fueron atendidas a tiempo, lo que facilitó que el producto contaminado llegara a la cadena de distribución y, finalmente, a los pacientes.
“La causa del fentanilo adulterado dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción y un sistema de trazabilidad que no logró actuar a tiempo”, advierten los informes citados en la investigación.
Con la auditoría sobre la ANMAT, la AGN buscará determinar si el organismo regulador cumplió adecuadamente con sus funciones de supervisión y control, y qué cambios deberían implementarse para evitar que un episodio de esta magnitud vuelva a repetirse. Los resultados del trabajo podrían convertirse en insumos clave para eventuales reformas normativas y para el rediseño de los protocolos de fiscalización de medicamentos en todo el país.
