Extienden el plazo para adherir al régimen de compensación
El Gobierno nacional decidió extender por 60 días hábiles administrativos el plazo para que las provincias se adhieran al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, el esquema que permite compensar deudas cruzadas entre los distritos y el Estado nacional. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 171/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Este régimen, creado originalmente por el Decreto 969/2024, apunta a ordenar el entramado de obligaciones financieras entre Nación y provincias, habilitando mecanismos como compensaciones, conciliaciones, transacciones y reconocimientos de créditos. El objetivo central es depurar y cancelar de manera coordinada las deudas recíprocas acumuladas a lo largo de los años.
Con la nueva normativa, las jurisdicciones que aún no formalizaron su adhesión disponen de 60 días hábiles para manifestar ante la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía su voluntad de incorporarse al sistema. Además, el decreto contempla la posibilidad de una única prórroga adicional, a determinar por la autoridad de aplicación, en caso de ser necesario.
Plazos, documentación y proceso de validación
Para las provincias que ya firmaron su ingreso al régimen y para aquellas que lo hagan en este nuevo tramo, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para presentar toda la documentación respaldatoria. Ese material deberá acreditar la legitimidad de las deudas y créditos incluidos en los acuerdos de compensación.
El procedimiento exige la elaboración de informes técnicos en los que se detalle la verosimilitud, el origen y la cuantificación de los montos ofrecidos para el canje. Tanto el Estado nacional como cada provincia son responsables de fundamentar sus propias cifras y de responder por las deudas y acreencias que presenten a la mesa de negociación.
- Las partes deben respaldar con informes y documentación sus reclamos.
- Si hay diferencias técnicas, se abre una instancia de negociación de hasta 180 días hábiles.
- Se busca arribar a acuerdos bajo principios de buena fe y lealtad federal.
En caso de que los informes técnicos de Nación y de las jurisdicciones no coincidan, se prevé una etapa de discusión de hasta 180 días hábiles administrativos para intentar arribar a posiciones comunes. Durante ese lapso, el énfasis estará puesto en la búsqueda de consensos que permitan cerrar los convenios sin judicializar los conflictos.
Intervención limitada de organismos de control
El decreto también precisa el rol de los organismos de control nacionales. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Procuración del Tesoro de la Nación sólo deberán intervenir en los casos en que las obligaciones involucradas estén sometidas a litigios judiciales o arbitrales, y cuando el Estado nacional reconozca un crédito propio que se encuentre en disputa.
El régimen apunta a ordenar las cuentas entre Nación y provincias, reducir conflictos judiciales y generar previsibilidad fiscal a mediano plazo.
Hasta el momento, las provincias que ya adhirieron al sistema son Salta, Catamarca, Chubut, Misiones, La Pampa, Santa Cruz, Tucumán y Corrientes. Con la prórroga, el Gobierno busca ampliar el número de distritos participantes, cerrar deudas históricas y avanzar en un esquema de mayor coordinación fiscal entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.
