Audiencias públicas acotadas para debatir la reforma
NewsITe
La Cámara de Diputados inicia este miércoles una serie de audiencias públicas para analizar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, en medio de fuertes cuestionamientos por las severas restricciones impuestas a la participación ciudadana. De los más de 100 mil inscriptos, solo 200 expositores tendrán lugar para intervenir de manera oral, combinando modalidad presencial y virtual.
El esquema, impulsado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), prevé que este miércoles, desde las 10 y hasta las 19, expongan 100 oradores en el Congreso de manera presencial, mientras que otros 100 harán sus presentaciones el jueves a través de la plataforma Zoom. El resto de los inscriptos deberá canalizar su postura mediante escritos o videos grabados, que no podrán superar los cinco minutos de duración.
La organización de las audiencias también contempla un límite estricto de tiempo: cada expositor dispondrá de un máximo de cinco minutos para expresarse. Para cumplir con ese cronograma, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, deberán moderar con rigidez las intervenciones. El objetivo oficial es que este miércoles logren hablar 100 oradores provenientes de las 24 jurisdicciones del país.
Las reuniones se desarrollarán el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo, fechas que el oficialismo decidió mantener a pesar de los pedidos de la oposición para ampliarlas y sumar más jornadas de debate. Desde bloques del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas cuestionan que la mayoría de los interesados en opinar sobre la reforma de la norma deberán limitarse a enviar su posición por escrito o por video, sin poder defenderla oralmente ante los legisladores.
Cupo limitado y tensión política en el Congreso
Además de restringir el número de expositores, las autoridades parlamentarias resolvieron limitar la presencia de diputados y asesores en el recinto. Solo podrán asistir a las audiencias los 66 miembros de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, junto con dos asesores por bloque, según indicaron fuentes legislativas. El dispositivo apunta a ordenar el desarrollo del debate, pero también ha sido leído por sectores opositores como una forma de acotar la visibilidad política del tema.
El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares despierta un fuerte interés público porque se trata de una norma clave para la protección de reservas de agua dulce estratégicas y zonas periglaciares. Organizaciones ambientales advierten que los cambios aprobados en el Senado podrían flexibilizar los controles sobre actividades extractivas, como la minería o el petróleo, en áreas sensibles, con potencial impacto sobre ecosistemas de alta montaña y cuencas hídricas.
Fallos judiciales y reclamos de organizaciones ambientalistas
En paralelo al armado de las audiencias, el Poder Judicial comenzó a expedirse sobre planteos que buscaban frenar el proceso. Una demanda presentada por particulares ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 5, a cargo del juez Enrique Regueira, fue rechazada. El magistrado consideró que los solicitantes no demostraron con suficiente verosimilitud el derecho invocado como para suspender un acto parlamentario, recordando la presunción de validez que ampara a las decisiones de los poderes constituidos.
Otra presentación, impulsada esta vez por organizaciones ambientalistas, aún espera resolución en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que el Congreso garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares.
Las organizaciones sostienen que la limitación del cupo de oradores vulnera los estándares de participación ciudadana y acceso a la información ambiental consagrados en la legislación argentina y en acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
El desarrollo de las audiencias y las decisiones que adopten tanto el Congreso como la Justicia serán determinantes para el futuro de la Ley de Glaciares y para el modelo de participación ciudadana en el tratamiento de normas ambientales de alto impacto. El desenlace de este proceso será seguido de cerca por organizaciones sociales, provincias cordilleranas, empresas y la ciudadanía en general, atenta a la protección de los recursos hídricos estratégicos del país.
