A medio siglo del inicio del terrorismo de Estado en Argentina
NewsITe
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, el último quiebre institucional de la Argentina, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauraron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Aquel régimen cívico-militar inauguró el período más oscuro de la historia reciente, basado en el terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas y la sistemática violación a los derechos humanos.
La Junta Militar integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea) disolvió el Congreso, intervino los sindicatos, prohibió la actividad política y restringió severamente la libertad de expresión. En ese marco se montó una red de centros clandestinos de detención, entre los que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se convirtió en símbolo del plan represivo que alcanzó a militantes políticos, sindicales, sociales, estudiantiles y también a miles de personas sin militancia activa.
El golpe se produjo tras meses de profunda crisis política, económica y social. El gobierno de Isabel Perón enfrentaba una escalada de violencia, el accionar de organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, y la actividad de grupos paraestatales como la Triple A, responsables de secuestros y asesinatos selectivos. En paralelo, el llamado “Rodrigazo”, el plan de ajuste lanzado por el ministro de Economía Celestino Rodrigo en 1975, provocó una devaluación superior al 100%, inflación descontrolada, caída del salario real y el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista.
En ese contexto, amplios sectores de poder económico, financiero y agropecuario, junto con parte del establishment mediático, reclamaron la “restauración del orden” y brindaron apoyo explícito o tácito a la salida militar. La coordinación entre las tres fuerzas armadas se alineó con el clima regional, marcado por dictaduras en el Cono Sur bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos, que proponía eliminar a la “subversión” para garantizar modelos económicos de corte neoliberal.
Plan Cóndor, organismos de derechos humanos y lucha por la verdad
El terrorismo de Estado en la Argentina se articuló con el Plan Cóndor, una red represiva transnacional creada en 1975 que integró a las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y, luego, Brasil y otros países. Su objetivo fue perseguir, secuestrar, torturar y asesinar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales, con el apoyo logístico y de inteligencia de organismos estadounidenses durante la Guerra Fría.
Frente a la desaparición de miles de personas, surgieron organizaciones de derechos humanos que marcaron un antes y un después. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas fue una de las primeras agrupaciones en organizar reclamos formales y públicos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) comenzó a recibir denuncias y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) aportó documentación clave sobre los crímenes cometidos por el Estado.
El 30 de abril de 1977 irrumpieron en la escena pública las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a marchar alrededor de la Pirámide de Mayo en reclamo por sus hijos desaparecidos. Poco después, las Abuelas de Plaza de Mayo —inicialmente Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos— centraron su búsqueda en bebés y niños nacidos en cautiverio o apropiados ilegalmente. Hasta julio de 2025, se recuperó la identidad de 140 nietos y nietas, aunque se estima que aún faltan más de 300, dado que el número de bebés robados rondaría los 500.
Juicio a las Juntas y el camino de la memoria
Con el retorno de la democracia en 1983, el país inició un proceso inédito de juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado. El 9 de diciembre de 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el histórico Juicio a las Juntas concluyó con la condena a las cúpulas militares. El fiscal Julio Strassera, acompañado por su adjunto Luis Moreno Ocampo, presentó pruebas y testimonios que demostraron la existencia de un “sistema represivo ilegal” a gran escala, comparable en su impacto histórico a los Juicios de Núremberg.
- Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua y destituidos de sus cargos.
- Roberto Viola, Orlando Agosti y Armando Lambruschini recibieron penas de entre 4 y 17 años de prisión.
- Otros exintegrantes de las Juntas, como Leopoldo Galtieri, Omar Graffigna, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, quedaron absueltos en ese proceso inicial.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) documentó en su informe “Nunca Más” 8.961 casos de desaparición, aunque documentos de inteligencia desclasificados de las propias Fuerzas Armadas elevan la cifra a unos 22.000 entre 1975 y 1978. Los organismos de derechos humanos sostienen, en función del carácter clandestino del plan represivo, que el número real asciende a 30.000 personas desaparecidas.
“Memoria, verdad y justicia” se consolidó como consigna central de la democracia argentina, que a 50 años del golpe sigue procesando sus heridas y sosteniendo la búsqueda de cada desaparecido y de cada nieto que aún falta encontrar.
A medio siglo del inicio del golpe de 1976, la sociedad argentina mantiene abierta la discusión sobre el pasado reciente, el rol de los distintos actores civiles y militares, y la importancia de preservar las políticas de memoria para evitar la negación, el relativismo y cualquier intento de justificar el terrorismo de Estado. El 24 de marzo continúa siendo, año tras año, una jornada de reflexión, movilización y compromiso con el “Nunca Más”.
