Audiencias en Diputados por la Ley de Glaciares en medio de fuertes tensiones
NewsITe
La Cámara de Diputados avanzará este miércoles 25 y jueves 26 de marzo con dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto de fuerte controversia política y cuestionamientos de organizaciones ambientalistas por la limitación en la cantidad de oradores habilitados para exponer.
Según el esquema definido por el oficialismo de La Libertad Avanza, de más de 100 mil personas inscriptas podrán intervenir de manera presencial o virtual entre 200 y 300 expositores. El resto deberá canalizar su participación mediante la presentación de escritos o videos, que se incorporarán al expediente legislativo como antecedentes del debate.
El mecanismo fue formalizado a través de una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz. Allí se establece que solo podrán asistir a las audiencias los 66 diputados que integran esos cuerpos y dos asesores por bloque, lo que también generó malestar en sectores opositores que reclamaban una apertura mayor.
Esquema de participación y críticas de la oposición
De acuerdo con la resolución publicada en la web de la Cámara, las exposiciones orales quedarán reservadas a un número limitado de inscriptos. En la primera jornada, la participación será presencial, mientras que en la segunda se hará a través de la plataforma Zoom. En ambos casos, se priorizará a los primeros anotados de cada uno de los 24 distritos del país, con el objetivo de garantizar representación federal.
El resto de los ciudadanos que se inscribieron deberá expresar su postura mediante la presentación de textos o videos de hasta cinco minutos de duración. Esas contribuciones, al igual que las intervenciones presenciales y virtuales, formarán parte del expediente de la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Los bloques opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas cuestionaron con dureza la decisión de mantener las audiencias solo durante dos días, pese a la masividad de la convocatoria. También criticaron que se restrinja el número de oradores, lo que consideran una limitación concreta a la participación ciudadana en un tema de alto impacto ambiental y productivo.
Intervención judicial y reclamos de organizaciones ambientalistas
El proceso legislativo llegó además a los tribunales. Un grupo de particulares, representado por el abogado Jonatan Baldiviezo junto a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis, presentó una medida cautelar para frenar las audiencias. La demanda recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo del juez Enrique Regueira.
El magistrado rechazó el pedido y consideró que no se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho con la solidez necesaria para suspender un acto parlamentario. En su resolución, destacó la presunción de validez de las decisiones adoptadas por las autoridades constituidas y la necesidad de una evaluación estricta de los requisitos para conceder una cautelar de este tipo.
“No alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca (…) para suspender los efectos de un acto parlamentario”, sostuvo el juez Regueira al desestimar la medida cautelar presentada contra las audiencias por la Ley de Glaciares.
La decisión fue celebrada públicamente por el diputado Nicolás Mayoraz, quien a través de la red social X cuestionó a un “grupo minúsculo” de organizaciones no gubernamentales que, según afirmó, intentaron boicotear el proceso de participación ciudadana.
Nuevo planteo judicial y pedido de ampliar las audiencias
Paralelamente, varias organizaciones ambientalistas presentaron otra medida cautelar para exigir que se garantice la exposición oral de la totalidad de los casi 100 mil inscriptos. Ese planteo quedó bajo estudio del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, que al mediodía de este lunes aún no se había pronunciado.
Entre las entidades firmantes se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace. Las organizaciones reclaman que el Congreso readecúe el cronograma previsto, amplíe el número de jornadas o sume nuevas instancias, de modo tal que todas las personas inscriptas puedan participar de forma oral y efectiva.
También solicitan que el Parlamento se abstenga de reemplazar o restringir la intervención oral por mecanismos alternativos, como el envío de presentaciones audiovisuales o videos a plataformas digitales, al considerar que estas herramientas no se ajustan a los estándares mínimos de participación pública en asuntos ambientales.
El resultado de estas audiencias y de los planteos judiciales será clave para el futuro de la reforma de la Ley de Glaciares, una norma que regula la protección de estos recursos estratégicos y que tiene impacto directo sobre actividades como la minería, el turismo y el abastecimiento de agua en amplias regiones del país.
