Detectaron que compartía cuenta bancaria con una universidad y avanzan con una revisión del sistema en toda la provincia.
La Provincia de Buenos Aires dio de baja a la principal empresa de radares que operaba en Pilar tras detectar irregularidades en la administración de fondos provenientes de fotomultas. El caso se originó a partir de una auditoría oficial que identificó inconsistencias en el circuito de recaudación.
El dato central que motivó la medida fue la utilización de una misma cuenta bancaria (CBU) por parte de la firma encargada del servicio y la Universidad de San Isidro, institución que debía intervenir como soporte técnico dentro del esquema.
La superposición surgió de documentación oficial de pagos y generó sospechas sobre la transparencia en el manejo de los fondos. A partir de este hallazgo, el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió excluir a la empresa del registro de proveedores.
La decisión no solo impacta en el municipio de Pilar, sino que podría extenderse a otros distritos donde funcionan convenios similares bajo el mismo modelo operativo.
Cómo funciona el sistema de fotomultas
El esquema vigente establece que los ingresos generados por infracciones de tránsito se distribuyen entre el municipio, la Provincia, la empresa operadora y la universidad que interviene como respaldo técnico.
Sin embargo, la utilización de una misma cuenta bancaria contradice ese sistema y pone en duda la independencia que deben tener las instituciones académicas dentro del circuito.
En Pilar, el convenio había sido firmado por el intendente Federico Achával bajo un formato que se replica en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
Este mecanismo ha sido cuestionado en reiteradas oportunidades, ya que en algunos casos permite que las empresas operen bajo estructuras que reducen su carga impositiva.
Tras detectar las irregularidades, la Provincia notificó a los municipios que mantienen contratos de este tipo y avanzó con una revisión más amplia del sistema de fotomultas.
El objetivo es determinar si existen prácticas similares en otros distritos y garantizar la trazabilidad de los fondos recaudados por infracciones de tránsito.
El caso se suma a otras investigaciones judiciales en curso sobre el manejo de este sistema, donde se analizan posibles maniobras de recaudación irregular, intermediación indebida y desvío de dinero.
En ese contexto, lo ocurrido en Pilar se incorpora a una serie de cuestionamientos que desde hace tiempo alcanzan al esquema de fotomultas en la provincia.
