Condenan a seis acusados por la venta de Yectafer adulterado
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de la Capital Federal dictó condena contra seis de los diez imputados en la causa por la comercialización de ampollas adulteradas de Yectafer, un suplemento inyectable a base de hierro cuya ingesta provocó la muerte de al menos tres personas y graves daños en la salud de otras 29 entre los años 2003 y 2004.
El fallo, dado a conocer en la Ciudad de Buenos Aires, alcanza a empresarios, directivos y partícipes de la maniobra delictiva que permitió que el medicamento falsificado circulara en el mercado como si se tratara de un producto legítimo. Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones por un total de $1.030 millones para familiares de las víctimas fatales y para los damnificados que sobrevivieron con secuelas.
El debate oral comenzó en noviembre de 2023 y estuvo integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. La Fiscalía General N.º 7, a cargo de Miguel Ángel Osorio y con la intervención de la auxiliar fiscal Denise Belieres, había reclamado penas de entre 7 y 16 años de prisión para nueve acusados. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 19 de mayo.
Las condenas más altas y el rol de cada acusado
Las penas más severas recayeron sobre Pablo Jorge Cernadas, entonces director de compras, y Daniel Rabinovich, uno de los propietarios de la droguería Quimbel, firma que puso en circulación el Yectafer adulterado. Cernadas recibió 8 años de prisión y Rabinovich 7, ambos considerados coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, encubriendo su carácter nocivo, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas por la cantidad de víctimas, además del delito de asociación ilícita.
El diseñador gráfico Miguel Cervera, dueño de la empresa Ampopack —encargada de proveer las ampollas utilizadas para el medicamento falsificado—, fue condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario del suministro de sustancias medicinales peligrosas, también en concurso con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas.
En tanto, el empresario Alberto Mario Akawie, el comerciante Adrián Quintela y el repartidor Víctor Scattolini recibieron penas de 4 años de prisión como integrantes de una asociación ilícita. De acuerdo con la acusación, Akawie cobró cheques vinculados a la maniobra, mientras que Quintela y Scattolini aportaron facturas apócrifas para darle apariencia de legalidad al circuito comercial.
Absueltos, indemnizaciones y alcance del daño
El tribunal absolvió a otros cuatro imputados: el empresario Santiago Lucio Gavazza; Roberto Gegenschatz, también dueño de la droguería Quimbel; el chofer Diego Hernán Manzotti; y la vendedora de ampollas Sandra Liliana Vitale. Para los jueces, en estos casos no se logró acreditar responsabilidad penal en la trama de falsificación y venta del medicamento.
En el mismo veredicto, el TOCF N.º 3 fijó un esquema de resarcimiento económico sin precedentes en la causa. Del total de $1.030 millones, se destinarán $450 millones a los familiares de una de las víctimas fatales, una mujer que cursaba un embarazo de 22 semanas al momento de recibir el producto; otros $300 millones serán para los allegados de otro de los fallecidos, mientras que los sobrevivientes percibirán entre $10 y $20 millones según la entidad del daño sufrido.
Durante la investigación se acreditó la adulteración del lote N.º 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006. Las pericias demostraron que el fármaco falsificado imitaba el envase y la apariencia del producto original, elaborado bajo autorización del laboratorio AstraZeneca, pero presentaba una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada, además de alteraciones en el pH y la densidad.
El Yectafer es un suplemento inyectable utilizado para tratar deficiencias de hierro en adultos. La presencia de una dosis tan elevada y no declarada de hierro generó un grave riesgo para la salud y derivó en al menos tres muertes y casi 30 personas afectadas con cuadros de diversa gravedad. La causa, que comenzó hace casi dos décadas, se convirtió en un caso testigo sobre la necesidad de reforzar los controles estatales y privados en la cadena de producción, distribución y venta de medicamentos en el país.
