Familiares y prestadores exigen el pago urgente de prestaciones
NewsITe
Familiares de personas con discapacidad, prestadores de servicios y transportistas vinculados al sistema de atención reclamaron al Gobierno nacional el pago inmediato de las deudas acumuladas en el marco del Programa Incluir Salud y del PAMI. Según denunciaron, en numerosos casos los retrasos se arrastran desde septiembre de 2023, lo que pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales en todo el país.
La situación afecta a pacientes que requieren traslados especializados, acompañantes terapéuticos, medicamentos de alto costo y diversas prestaciones de rehabilitación. Organizaciones y cámaras del sector advierten que, sin la regularización de los pagos, muchos servicios podrían suspenderse de forma total o parcial, dejando a miles de personas sin la cobertura que necesitan para su vida cotidiana.
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En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), cuestionó con dureza la gestión del presidente Javier Milei y reclamó que se liberen de inmediato los fondos necesarios. “Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, afirmó, al describir el impacto concreto de la mora estatal sobre las familias.
Macizo explicó que representantes de los familiares, junto con otros prestadores y transportistas, se presentaron ante el Ministerio de Salud y mantuvieron reuniones con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, así como con autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud. Según su relato, las autoridades les informaron que la falta de pagos se debe a que el Ministerio de Economía no estaría girando los fondos correspondientes para cancelar las deudas.
Amenaza de acampe y antecedentes de protestas
Ante la falta de respuestas concretas y un cronograma de pago claro, los actores del sector analizan profundizar las medidas de fuerza. Una de las alternativas que se encuentra en discusión es el inicio de un acampe por tiempo indeterminado frente a dependencias nacionales, con el propósito de “mostrar la realidad” que atraviesan las familias de personas con discapacidad y quienes brindan los servicios.
Macizo recordó que durante la gestión del expresidente Alberto Fernández ya se habían llevado adelante al menos cuatro acampes similares, acción que en su momento permitió visibilizar el conflicto, aunque sin resolver de fondo la problemática de los retrasos crónicos en los pagos. Ahora, temen que el escenario se agrave aún más por el contexto económico y las políticas de ajuste del actual Gobierno.
- Los reclamos se centran en deudas del Programa Incluir Salud y del PAMI.
- Transportistas y prestadores advierten sobre la posible suspensión de servicios.
- El sector señala al Ministerio de Economía por la falta de giro de fondos.
- No se descarta un acampe por tiempo indeterminado como medida de presión.
“No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, expresó Daniel Macizo al referirse a la posible reacción oficial ante una nueva protesta.
Las organizaciones de familiares y prestadores insisten en que la regularización de los pagos no es solo una cuestión administrativa, sino un tema de derechos humanos básicos. Reclaman previsibilidad, diálogo y un compromiso explícito del Ejecutivo para garantizar la continuidad de las prestaciones, en un contexto en el que las personas con discapacidad y sus familias ya enfrentan enormes dificultades económicas y sociales.
